Cuatro organismos públicos tendrán que detallar en sus cuentas anuales cómo se aplicó la financiación estatal al transporte regular de viajeros durante 2026. El Real Decreto 826/2026 fija para ello subvenciones por un total de 363.695.520 euros y exige presentar la justificación antes del 30 de septiembre de 2027, con cuentas auditadas y certificaciones territoriales.

La norma se publicó el 15 de octubre y entra en vigor el día 16. Regula una aportación estatal para los sistemas de Madrid, Barcelona, Valencia y Canarias. La publicación determina importes y condiciones, pero cada beneficiaria debe solicitar la ayuda y obtener una resolución de concesión antes del pago.

El crédito procede de presupuestos prorrogados

Las subvenciones se financian con créditos del presupuesto estatal de 2023, prorrogado para 2026. El gasto cubierto corresponde a las actividades realizadas durante este año y comprende obligaciones reconocidas y pagos materiales de las entidades beneficiarias para prestar el servicio público regular de transporte terrestre.

El artículo 8 fija cuatro cuantías. Barcelona concentra la partida mayor y Valencia la menor:

  • Barcelona: 149.301.520 euros para la Autoritat del Transport Metropolità.
  • Madrid: 126.894.000 euros para el Consorcio Regional de Transportes de Madrid.
  • Canarias: 47.500.000 euros para la comunidad autónoma.
  • Valencia: 40.000.000 euros para la Autoritat de Transport Metropolità de València.

La suma de las partidas es 363.695.520 euros, que equivale a 363,7 millones redondeados. El decreto fija importes nominales, no una tarifa por persona ni un coste unitario. Los ámbitos no son homogéneos y la norma no aporta una métrica común de población, viajes o kilómetros para comparar la intensidad del gasto.

Los destinatarios y el mapa de actuación no son iguales

La norma designa como beneficiarias a tres autoridades de transporte y a la Comunidad Autónoma de Canarias. No incluye a las empresas operadoras ni a las personas usuarias como destinatarias directas de estas subvenciones. Sí permite justificar pagos y obligaciones de las entidades beneficiarias vinculados a la prestación del servicio.

El ámbito de Madrid comprende toda la comunidad autónoma. En el caso de Barcelona, se limita a las comarcas de L'Alt Penedès, L'Anoia, el Bages, el Baix Llobregat, el Barcelonès, el Berguedà, el Garraf, el Maresme, el Moianès, Osona, el Vallès Occidental y el Vallès Oriental. La partida valenciana cubre el municipio de Valencia y los municipios adheridos al área metropolitana de transporte. En Canarias, el ámbito es la comunidad autónoma.

El límite territorial evita que la partida se entienda como financiación general de todo el transporte público de cada comunidad. Para cerrar la justificación, las beneficiarias aportarán certificados de las administraciones territoriales integradas en el ámbito cubierto y presentarán cuentas que identifiquen la cuantía recibida. La Dirección General de Estrategias de Movilidad podrá pedir documentación adicional para comprobar que los fondos se aplicaron a la actividad subvencionada.

La concesión requiere solicitud y resolución

El plazo de solicitud es de diez días hábiles desde la entrada en vigor, que se inicia el 16 de octubre. Las cuatro entidades deberán presentar la documentación a través del Registro Electrónico General de la Administración del Estado. Entre los requisitos figuran estar al corriente de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, declarar que no existe deuda por reintegro de subvenciones y acreditar que no concurren las prohibiciones aplicables para recibir ayudas públicas.

La solicitud autoriza a la Administración a consultar por vía telemática la situación tributaria y con la Seguridad Social. Si la entidad no permite esa comprobación, debe aportar los certificados correspondientes. Si falta algún documento o hay un defecto subsanable, el órgano instructor puede requerir que se complete en diez días. Cuando aportar lo pedido presente dificultades especiales, ese plazo puede ampliarse hasta cinco días.

La Dirección General de Estrategias de Movilidad instruye el procedimiento. La concesión corresponde a la persona titular de la Secretaría de Estado de Transportes y Movilidad Sostenible mediante resolución, que deberá emitirse y notificarse en un máximo de 45 días hábiles desde la entrada en vigor. Si no hay notificación al vencer ese plazo, la entidad podrá entender desestimada la solicitud por silencio administrativo.

El decreto prevé un pago único y anticipado durante 2026, pero lo vincula a la aprobación de esa resolución. No exige garantías para el anticipo. Por tanto, la cifra aprobada en la norma no prueba por sí sola que los fondos ya se hayan abonado a las cuatro entidades.

La auditoría debe cerrar antes de septiembre de 2027

La justificación deberá presentarse antes del 30 de septiembre de 2027. Cada beneficiaria entregará sus cuentas anuales conforme a su régimen contable, con el detalle necesario para identificar cuánto recibió, acompañadas del informe de auditoría. También se exige una certificación de las administraciones territoriales incluidas en el ámbito de prestación del servicio. Canarias puede justificar mediante certificados de su Intervención General autonómica.

La subvención es compatible con otros ingresos y ayudas destinados al mismo servicio siempre que el conjunto no supere su coste. Las entidades deberán comunicar las demás fuentes de financiación y reflejar en la justificación su importe, procedencia y aplicación. Si el gasto no se acredita, procede el reintegro de las cantidades que no hayan quedado justificadas.

Financiar el servicio no fija el precio del billete

El Real Decreto 826/2026 financia gastos de los sistemas de transporte regular. No fija tarifas, porcentajes de descuento ni una devolución para quienes compren un abono. La decisión sobre el precio que paga el viajero depende de las reglas tarifarias y de las medidas de bonificación que correspondan en cada territorio.

En 2026 existe otro régimen estatal, regulado por el Real Decreto-ley 17/2025, para ayudas dirigidas a reducir el precio de abonos y títulos multiviaje. Canarias tiene además un procedimiento separado para establecer la gratuidad de esos títulos. Esas vías tienen destinatarios, documentación y condiciones propias. No convierten la subvención para sostener el servicio en una rebaja automática para cualquier usuario.

La diferencia también aclara quién debe actuar. Las administraciones designadas solicitan y justifican estos fondos. Los viajeros no tienen que presentar una solicitud por el Real Decreto 826/2026, y sus tarifas no cambian por la entrada en vigor de esta norma.