La consulta del censo para las elecciones del 29 de noviembre está abierta hasta el 19 de octubre. El INE detalla cómo revisar la inscripción y qué errores pueden reclamarse antes del cierre.
El vídeo oficial dura 42 segundos y se publica antes del inicio de la campaña legal de las elecciones generales, convocadas para el 29 de noviembre.
El acto central recorrerá el eje entre Atocha y Colón. Defensa prevé unos 4.400 participantes y el plan municipal anticipa desvíos en 48 líneas de autobús.
La ayuda financiará seminarios, jornadas, diálogos y publicaciones sobre el modelo territorial durante 2027. El pago depende de un convenio y deberá justificarse con memorias y facturas.
El documento normalizado ya cubre comunicaciones, regularización, valoraciones y acceso a expedientes concluidos. No es obligatorio para cualquier gestión y solo representa en el procedimiento en que se presenta.
El Real Decreto 807/2026 regula quién puede aportar perfiles, qué papel tendrán los laboratorios y cómo se protegerán los datos. Publicado el 8 de octubre, entrará en vigor el 8 de abril de 2027 y no abre por sí solo un trámite general inmediato.
Transportes contabilizó 1,54 millones de beneficiarios y descuentos de hasta el 90% entre julio y septiembre, con condiciones distintas según el servicio.
El calendario electoral fija el 19 de noviembre como último día para solicitar el voto postal y el 25 para emitirlo. La campaña comenzará el día 13 y la votación será el domingo 29.
El presidente vincula el adelanto a la derrota parlamentaria del viernes. La convocatoria debe formalizarse mediante decreto, que fija el calendario electoral conforme a la Constitución y la LOREG.
El casco para los usuarios de patinete y nuevas obligaciones para ciclistas y motoristas ya están en vigor. Dos requisitos, en cambio, empezarán a aplicarse en octubre de 2027.
La reforma fija una edad mínima para conducir patinetes, cambia las normas para adelantar a ciclistas y añade obligaciones para motoristas. Las luces de los VMP y la homologación de algunos cascos se aplazan hasta 2027.
El Gobierno ha fijado un techo de gasto de 226.032 millones y ha iniciado la elaboración de las cuentas, pero todavía no ha presentado el proyecto ni asegurado los apoyos parlamentarios.
Los cortes de la Meridiana y Còrsega coincidieron con una nueva noche de acampada en Sol. El Gobierno mantiene el martes 29 como fecha para llevar el decreto al Consejo, pero el contenido y los apoyos aún se negocian.
El presidente francés estará en Madrid el 29 y 30 de septiembre. Los Reyes lo recibirán en el Palacio Real y Pedro Sánchez se reunirá con él el miércoles 30.
El presidente dijo el domingo que el Ejecutivo trabajaba para llevar un real decreto al Consejo de Ministros del 29 de septiembre y pidió respaldo parlamentario. El anuncio dejó pendiente el contenido concreto y el apoyo para convalidarlo.
La resolución publicada en el BOE regula también la dedicación especial, la jornada intensiva de verano, las reducciones por interés particular y la compensación de actuaciones urgentes.
El nuevo marco regulatorio de Aena prevé inversión en terminales, pistas, seguridad, equipajes y conexiones, con una subida media de tarifas del 0,33 % anual.
El Ministerio para la Transición Ecológica abre hasta el 2 de octubre la audiencia pública del Marco de Acción Nacional para planificar infraestructura de recarga y otros combustibles alternativos.
El transporte público ganó un 1,2 % de usuarios en julio, impulsado por metro, autobús y avión, mientras los viajes interurbanos por ferrocarril cayeron un 3,2 %.
La DGT contabiliza 240 fallecidos y 926 hospitalizados en julio y agosto. La mortalidad sube, aunque descienden las víctimas entre motoristas.
El dispositivo de la DGT permanecerá activo hasta la medianoche del lunes, con mayor presión circulatoria prevista en los accesos urbanos y turísticos.
Dos reales decretos separan la declaración de la situación y los medios a emplear, con Ceuta como territorio afectado y coordinación estatal.
La norma urgente regula la integridad de las actividades de influencia y deberá seguir la tramitación parlamentaria prevista constitucionalmente.
El convenio regula la cesión de información entre los organismos estatales y la comunidad para ejercer competencias públicas con garantías.