Adolescentes migrantes no acompañados seguían durmiendo en calles y alojamientos improvisados de Ceuta cuando Associated Press publicó, el 10 de octubre, una investigación sobre la respuesta a la llegada masiva de finales de julio. En una visita de la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, a comienzos de mes, cientos de jóvenes hicieron fila junto a una iglesia con la esperanza de obtener una plaza de protección o ser trasladados a la Península. Según AP, fueron conducidos a una pista deportiva para evitar que la concentración abrumara a la ministra. Muchos volvieron a las calles y las laderas pocas horas después.

La escena documentada por la agencia no equivale a un censo. Sí muestra la distancia entre localizar a un menor y confirmar que cuenta con un alojamiento adecuado. El reportaje describió a adolescentes que habían pasado semanas entre campamentos, vehículos y calles, además de jóvenes que ya habían podido acceder a centros. Una situación no representaba a todos, y la propia AP señaló que las autoridades no tenían una cifra exacta de cuántos menores estaban sin techo.

Uno de los adolescentes entrevistados por AP tenía 17 años y pidió que no se publicara su nombre por temor a quedarse solo en Ceuta. Contó que, al llegar, durmió en un garaje con otros dos menores y que después pasó noches en un coche con otros jóvenes. Según su relato, volvió a la calle cuando no pudo seguir pagando por el alojamiento. También dijo que había sufrido dos intentos de robo y agresiones. Son experiencias que la agencia atribuyó al entrevistado, no un balance oficial de incidentes, pero permiten entender por qué una plaza y un seguimiento individual importan tanto como el traslado inicial.

La salida de El Guano no cerraba el destino de cada menor

La mañana del domingo 11 de octubre, la Policía Nacional comenzó a desalojar el asentamiento de El Guano, uno de los últimos campamentos costeros de la ciudad. Cadena SER informó a las 08:53 de que el dispositivo había empezado sobre las ocho y de que seguían durmiendo personas al raso en distintos puntos de Ceuta. A las 10:48, el medio local CeutaTV describió la separación de adultos y menores durante el operativo. Según su crónica, los menores fueron trasladados a la Jefatura Superior de Policía para su filiación y después quedarían a disposición de la Ciudad Autónoma, responsable de su acogida.

Ese recorrido actualizaba el estado respecto a los días anteriores, pero no ofrecía un recuento de menores que aún pasaban la noche fuera ni confirmaba cuántos habían recibido una plaza al terminar la identificación. La filiación permite registrar la identidad y la edad declarada o comprobada de cada persona. Por sí sola no informa de dónde dormirá esa noche, qué recurso se le asignará o cuánto tardará en recibir atención sanitaria, educativa y social.

Europa Press había observado cinco días antes a más de 50 menores junto a una carretera de El Guano, bajo la lluvia y a la espera de autobuses para un centro de acogida. Varios explicaron a la agencia que llevaban semanas en la calle antes de llegar al asentamiento. La Jefatura explicó entonces que su procedimiento habitual era trasladar a los menores localizados a dependencias policiales para filiarlos y reubicarlos en los recursos habilitados. Europa Press añadió que nadie había concretado todavía qué se haría con aquel grupo. La cobertura del domingo confirmó que la identificación seguía siendo parte del circuito, aunque no bastaba para acreditar la plaza final de cada niño.

El desalojo de una playa y la protección de quienes dormían en ella son pasos distintos. La retirada de tiendas limpia un espacio y puede redistribuir a quienes lo ocupaban. Para saber si un menor ha salido de la intemperie hacen falta datos posteriores sobre su destino, no solo el número de personas identificadas o trasladadas a una comisaría. Las crónicas disponibles describían tanto el movimiento de grupos como la falta de una cifra actualizada de quienes seguían sin alojamiento.

La responsabilidad está repartida entre la ciudad y el Estado

La normativa atribuye a las comunidades autónomas y a las ciudades de Ceuta y Melilla la competencia sobre infancia, servicios sociales y protección de menores. Cuando la administración competente constata una situación de desamparo, debe asumir la tutela y adoptar medidas para garantizar la guarda. El Real Decreto-ley 2/2025 regula, además, un mecanismo extraordinario de redistribución territorial, con una decisión administrativa individual y garantías vinculadas al interés superior del menor.

El mecanismo de redistribución no sustituye la acogida inmediata dentro de Ceuta. El Real Decreto-ley 2/2025 prevé que, antes de resolver un destino, se escuche a la persona menor y a la administración de destino, y se ponga el procedimiento en conocimiento del Ministerio Fiscal. La continuidad de tutela también debe quedar organizada cuando el menor cambia de territorio. Por eso, el debate sobre traslados a la Península y la existencia de plazas seguras dentro de Ceuta están conectados, pero responden a momentos diferentes de la protección.

El Estado mantiene competencias sobre inmigración y participa en la respuesta mediante financiación, personal y coordinación entre territorios. El Real Decreto-ley 22/2026, publicado el 2 de septiembre, autorizó una subvención de 550.000 euros a Save the Children para crear y poner en marcha una unidad multidisciplinar de apoyo a la infancia migrante en emergencias. El decreto también justificó el refuerzo de personal en la Oficina de Extranjería para agilizar expedientes y traslados. Son actuaciones aprobadas en el plano institucional. La norma no demuestra cuántos menores habían recibido asistencia de esa unidad ni qué plazas estaban disponibles para el grupo de El Guano el 11 de octubre.

El 15 de septiembre, el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, informó de 2.048 menores filiados en Ceuta y estimó que entre 700 y 1.000 seguían en las calles. Esa referencia corresponde a la declaración de aquella fecha, no a un recuento actualizado tras el desalojo de octubre. AP advirtió el 10 de octubre que seguía sin conocerse el número exacto de menores sin alojamiento. Son estimaciones con cortes temporales distintos, no un recuento común que permita conocer cuántos seguían fuera de los recursos el día 11.

El dato pendiente es cuántos tienen ya una plaza

El caso de Ceuta concentra una pregunta que afecta a la protección de menores en toda España: qué ocurre entre la primera identificación y la asignación efectiva de un recurso. El sistema puede registrar a miles de personas y, al mismo tiempo, desconocer cuántas siguen fuera de los centros en un momento determinado. Las cifras fechadas ayudan a medir la presión, pero dejan de servir como fotografía actual cuando cambian las condiciones sobre el terreno.

La secuencia de octubre aporta señales concretas. A comienzos de mes, AP documentó a jóvenes que regresaban a calles y laderas tras una concentración junto a una iglesia. El 6 de octubre, Europa Press encontró a un grupo esperando bajo la lluvia en El Guano. En la mañana del 11, el desalojo trasladó a los menores a un trámite de filiación antes de ponerlos a disposición de la Ciudad Autónoma. Cada paso tuvo una función, aunque las crónicas consultadas hasta ese momento no permitían conocer el destino final de todos los adolescentes.

Por eso, el indicador útil no es solo cuántas personas salen de un campamento. Es el número actualizado de menores identificados que ya tienen plaza, cuántos continúan durmiendo en la calle y qué administración debe resolver cada caso. Sin esa distinción, retirar un asentamiento puede hacer menos visible la necesidad sin demostrar que haya quedado atendida.