El informe de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) sobre los requisitos para los centros de datos está fechado el 22 de septiembre de 2026. La cobertura de Cinco Días del 9 de octubre ha devuelto sus recomendaciones al primer plano, pero no se trata de una decisión adoptada ese día ni de una norma en vigor. La CNMC informa sobre un proyecto de real decreto y propone cambios al Gobierno; el texto definitivo todavía depende de la tramitación y aprobación correspondientes.
La discusión afecta a cómo incorporar grandes instalaciones de computación a una red eléctrica con capacidad limitada, sin que el consumo adicional encarezca la electricidad o desplace otras demandas. El Gobierno sostiene que el acceso debe acompañarse de nueva generación limpia y de criterios de eficiencia, uso del agua, resiliencia y soberanía digital. La CNMC comparte el objetivo de ordenar el despliegue, aunque considera que algunos requisitos del borrador pueden enviar señales poco ajustadas al funcionamiento horario del sistema.
A quién alcanzaría el proyecto
El borrador del Ministerio para la Transición Ecológica se aplica a centros de datos cuya potencia de acceso a la red sea de al menos un megavatio. El umbral se refiere a la capacidad que solicitan a las redes de transporte o distribución, no a la potencia de sus equipos informáticos. Si varios centros están en el mismo emplazamiento y tienen el mismo titular, sus potencias se sumarían para comprobar si alcanzan ese límite. Las obligaciones de informar y publicar datos tienen otro umbral: se aplicarían desde 500 kilovatios de potencia de tecnología de la información.
En materia de electricidad renovable, el borrador plantea dos condiciones distintas. La primera exige que el centro cubra con nueva generación renovable el 80 % de su consumo total anual. Esa aportación podría proceder del autoconsumo o de contratos de compra de electricidad con instalaciones renovables en España cuya entrada en funcionamiento no sea anterior en más de 18 meses a la del centro de datos. La segunda obligación mide el suministro hora a hora: al menos el 80 % de la electricidad consumida en cada hora tendría que estar respaldada por generación renovable producida en esa misma hora.
El proyecto contempla una vía alternativa cuando la cuota renovable media del sistema eléctrico nacional haya superado el 90 % en el año de referencia previsto. Los umbrales escritos del 90 % y del 80 % difieren en 10 puntos porcentuales, aunque se aplican a métricas distintas: promedio nacional anual frente a cobertura horaria del centro. En ese supuesto, las condiciones de adicionalidad y correlación horaria se considerarían cumplidas, aunque el borrador limitaría el número de horas en que el centro puede tomar electricidad de la red. Para proyectos con permisos de acceso y conexión ya concedidos pero aún no conectados cuando entre en vigor la norma, el texto sometido a consulta prevé seis meses para acreditar los requisitos.
El alcance no se limita al origen de la electricidad. Durante la fase transitoria anterior al sistema europeo de etiquetado, prevista en el borrador para agosto de 2027, los centros tendrían que cumplir simultáneamente un valor máximo de eficacia energética (PUE) de 1,15 y un máximo de eficacia en el uso del agua (WUE) de 0,1. La propuesta también incluye condiciones de resiliencia y soberanía digital. Entre ellas figuran el establecimiento del operador en la Unión Europea y la permanencia en ella de determinados datos operativos bajo su control, además de obligaciones sobre subcontratistas y solicitudes de acceso de autoridades de terceros países. La ciberseguridad seguiría sometida a su regulación sectorial específica.
Qué flexibilización propone la CNMC
La CNMC cuestiona que el requisito horario se aplique igual en cualquier situación. Si hay excedentes renovables, vertidos o precios muy bajos o negativos, exigir que cada hora de consumo se cubra con generación nueva producida simultáneamente podría forzar más instalaciones y almacenamiento sin mejorar el aprovechamiento de la energía que ya se pierde. El regulador propone que el diseño distinga entre horas y condiciones reales del sistema, y que esas señales se concentren en los periodos en que el consumo adicional pueda elevar precios, emisiones o necesidades de respaldo.
El informe ofrece ejemplos concretos para tratar ciertas horas como cumplidas a efectos de correlación: precios de mercado muy bajos —iguales o inferiores a 20 euros por megavatio hora—, una intensidad de emisiones inferior a 18 gramos de CO₂ equivalente por megajulio, o vertidos renovables que no pudieran aprovecharse sin esa demanda. En los demás periodos, se mantendría la exigencia de cobertura renovable. La recomendación no consiste en eliminar la regla hora a hora, sino en evitar que opere de la misma manera cuando el sistema dispone de energía limpia sobrante.
Respecto al 80 % de adicionalidad anual, la CNMC plantea exigir nueva generación principalmente en las horas en que no haya suficiente oferta renovable, o bien reducir inicialmente el porcentaje y elevarlo de forma progresiva, por ejemplo hasta 2030. También pide más margen para la fecha de puesta en servicio de las plantas asociadas al centro: el plazo de 18 meses podría no encajar con los tiempos de autorización, construcción y conexión. Para proyectos ya avanzados, el informe propone valorar una aplicación gradual y un tratamiento específico de los retrasos que no sean imputables a sus titulares.
El regulador pide además que se valore la flexibilidad que un centro de datos puede aportar. El almacenamiento, la gestión de la demanda, la reducción temporal de potencia o la participación en servicios de ajuste podrían ayudar a integrar renovables y reducir la necesidad de generación firme. La CNMC sostiene que esas capacidades pueden responder mejor a las necesidades de cada momento que exigir únicamente nueva potencia renovable y una coincidencia horaria formal. El informe no da por hecho que todas las instalaciones puedan interrumpir su actividad: propone considerar y definir esas prestaciones como parte del diseño regulatorio.
Agua, eficiencia y control
La CNMC no pide retirar los objetivos de eficiencia energética e hídrica, pero considera que exigir simultáneamente los umbrales PUE y WUE del borrador puede ser demasiado rígido en la transición. El clima, la disponibilidad de agua y la fase inicial de puesta en marcha influyen en los indicadores. Además, reducir el agua empleada en refrigeración puede aumentar el consumo eléctrico. Por ello, el informe aconseja acompasar la exigencia al etiquetado europeo, evaluar ambos indicadores de forma conjunta y medir el funcionamiento real de cada instalación, especialmente durante su periodo de arranque.
El informe también reclama mayor precisión sobre quién comprueba cada obligación. El Gobierno conservaría la capacidad de definir los criterios de política energética, pero la CNMC pide aclarar cómo se coordinan las competencias de la Secretaría de Estado de Energía y del regulador en los permisos y sus posibles conflictos. A su juicio, los gestores de red deberían limitarse a la comprobación formal de documentos y a las tareas propias de la gestión técnica; las valoraciones sustantivas sobre agua, eficiencia o soberanía digital tendrían que quedar en manos de las administraciones competentes.
El borrador prevé recargos sobre peajes y cargos del sistema si se incumplen las condiciones y contempla la pérdida de permisos ante incumplimientos graves y reiterados. La CNMC no propone que se eliminen las consecuencias, sino que se vinculen mejor con el daño causado al sistema eléctrico. Entre las alternativas que menciona está referenciarlas a futuros mecanismos de capacidad. También pide revisar el tratamiento de las garantías de origen, el almacenamiento, las instalaciones híbridas y repotenciadas, y el efecto de los nuevos consumos sobre la planificación de la red.
El informe no cambia todavía las reglas
La CNMC comparte que el crecimiento de los centros de datos debe ordenarse para proteger la capacidad disponible y evitar trasladar costes innecesarios al conjunto de consumidores. Sus observaciones son consultivas: el Gobierno puede aceptar, modificar o rechazar las propuestas al cerrar el texto. El informe oficial está incorporado al expediente con fecha de 22 de septiembre; aunque la noticia de Cinco Días del 9 de octubre situó el siguiente paso en el Consejo de Estado, esa cobertura describió el procedimiento en esa fecha y no acredita por sí sola que el trámite siga igual al publicarse este artículo.
El proyecto se sometió a audiencia pública entre el 27 de agosto y el 10 de septiembre. El Real Decreto-ley 7/2026 encarga al Consejo de Ministros aprobar mediante real decreto los requisitos aplicables, pero no convierte en obligatorias las medidas detalladas en el borrador. Antes de que puedan exigirse, debe completarse la revisión normativa y aprobarse el texto definitivo; solo entonces se conocerán las condiciones finales, su calendario y las obligaciones efectivas para cada centro.
