Pedro Sánchez anunció el 19 de octubre que el Consejo de Ministros aprobaría el 20 de octubre una partida de 45 millones de euros para siete proyectos de alojamiento universitario. En esa presentación habló de cerca de 2.000 nuevas plazas en una primera fase. La previsión que el Ministerio de Vivienda había difundido en agosto era de 1.525 alojamientos, una diferencia que obliga a distinguir entre edificios o unidades residenciales y plazas para personas.

El anuncio se produjo durante la firma de la declaración sobre el proyecto del nuevo Estatuto del Estudiantado Universitario. Son dos medidas distintas: el Estatuto actualiza derechos y obligaciones del alumnado, mientras que la partida de vivienda financia promociones de alojamiento. En la presentación del 19 de octubre, Sánchez formuló la aprobación como una previsión para el martes 20. El anuncio no sustituye al acuerdo formal ni a la publicación de las condiciones definitivas.

Siete proyectos en seis comunidades

La cartera prevista reúne a seis universidades públicas y al Ayuntamiento de Lleida. Las actuaciones se sitúan en Madrid, Castilla-La Mancha, Andalucía, Castilla y León, la Comunitat Valenciana y Cataluña. Los beneficiarios son la Universidad Autónoma de Madrid, la Universidad de Castilla-La Mancha en su campus de Albacete, la Universidad Pablo de Olavide en Sevilla, la Universidad de Burgos, la Universitat Jaume I en Castellón, la Universidad de Jaén y el Ayuntamiento de Lleida.

Las cifras comunicadas para cada proyecto sitúan la mayor partida en la Autónoma de Madrid, con unos 13,36 millones de euros, seguida por el campus de Albacete de la UCLM, con 8,19 millones. La Pablo de Olavide recibiría 6,50 millones, la Universidad de Burgos 5,94, la Jaume I 4,45, la de Jaén 3,56 y el Ayuntamiento de Lleida 2,97 millones. Los importes redondeados a dos decimales suman 44,97 millones. La diferencia de 30.000 euros respecto al total anunciado puede deberse al redondeo, por lo que el decreto definitivo deberá fijar las cuantías exactas. La dotación global es de 45 millones.

La financiación se dirige directamente a las instituciones seleccionadas y a proyectos concretos, no a una solicitud individual de dinero por parte del estudiante. El efecto para el alumnado dependerá de que las entidades ejecuten las promociones, definan cómo se adjudican las plazas y publiquen los requisitos de acceso.

La diferencia entre alojamientos y plazas

En agosto, la previsión ministerial era de 1.525 alojamientos universitarios. En cambio, el anuncio de Sánchez del 19 de octubre habla de cerca de 2.000 plazas. Las dos magnitudes no son equivalentes por sí solas: un alojamiento puede contener más de una plaza, pero no se ha publicado un desglose que explique la diferencia ni indique si el recuento se ha actualizado.

El proyecto de la Pablo de Olavide ayuda a entender esa distinción. La universidad prevé 219 alojamientos en Montequinto, en Dos Hermanas, con capacidad de hasta 490 plazas. Es un ejemplo de una promoción concreta y no permite extrapolar la misma proporción al conjunto de los siete proyectos. Por eso, hasta que exista un desglose técnico conjunto, la cifra de casi 2.000 debe atribuirse al anuncio presidencial y la de 1.525 a la previsión ministerial anterior.

El modelo no consiste necesariamente en residencias convencionales con una habitación por persona. Para el campus de Albacete se han planteado habitaciones o apartamentos con espacios comunes. La propuesta de la Jaume I, por su parte, plantea al menos 150 unidades dentro de 48 viviendas de dos, tres o cuatro dormitorios. Los ejemplos muestran formatos de alojamiento con espacios compartidos, pero no permiten concluir que las siete promociones vayan a tener el mismo diseño. La finalidad común es ampliar las opciones de alojamiento de la comunidad universitaria a precios asequibles.

Qué falta para conocer el calendario

El programa se ha tramitado como un régimen de subvenciones directas a entidades seleccionadas. El Consejo de Ministros autorizó en julio la tramitación urgente del proyecto de real decreto de alojamientos universitarios, y en agosto se difundió el borrador para regular las ayudas. La aprobación anunciada para el 20 de octubre es el paso que debe convertir esa previsión en una decisión formal. El texto definitivo permitirá comprobar los importes cerrados, las obligaciones de cada beneficiario y los plazos aplicables.

El proyecto de decreto prevé que las promociones conserven una finalidad pública y ofrezcan precios asequibles. El precio máximo y los plazos de ejecución se concretarán en las resoluciones o convenios de cada proyecto. El diseño prevé que el precio incluya servicios básicos como electricidad, agua y conexión wifi. Esas condiciones pueden dar una referencia más clara a los futuros residentes, pero no equivalen todavía a conocer la renta mensual, la fecha de apertura o el procedimiento para pedir plaza.

La secuencia será relevante para quien tenga que trasladarse a otra ciudad para estudiar. Primero debe conocerse el texto aprobado y formalizarse la financiación con cada entidad. Después habrá que ejecutar las promociones y publicar las reglas de acceso y sus precios. Los 45 millones anuncian nuevas opciones de alojamiento, pero las fechas en que estarán disponibles dependerán del calendario que se fije para cada proyecto.