El Real Decreto 996/2026 entra en vigor el 18 de noviembre, tras su publicación en el BOE el 17 de noviembre, pero sus 500 plazas judiciales no comenzarán a funcionar a la vez. La norma fija tres fechas generales de despliegue: el 31 de diciembre de 2027, el 1 de junio de 2028 y el 1 de noviembre de 2028. También programa once agrupaciones territoriales para los asuntos de violencia sobre la mujer, algunas con efectos desde 2027 y otras durante 2028.

La diferencia entre aprobar una plaza y ponerla en funcionamiento es central para entender el alcance del decreto. La disposición ya ordena la planta judicial y define dónde se crean puestos, pero la prestación efectiva se sujeta al calendario que establece la propia norma. Por eso, el anuncio de 500 unidades para la programación de 2027 no equivale a 500 nuevos puestos operativos durante ese año.

Cómo se reparten las 500 plazas

Las 500 plazas se distribuyen en 351 plazas en las secciones de los Tribunales de Instancia, 119 en órganos colegiados y 30 de adscripción territorial.

| Tipo de plaza | Número | Desglose | | --- | ---: | --- | | Secciones de Tribunales de Instancia | 351 | Plazas repartidas entre secciones y presidencias de tribunal | | Órganos colegiados | 119 | 4 en la Audiencia Nacional, 19 en los Tribunales Superiores de Justicia y 96 en Audiencias Provinciales | | Adscripción territorial | 30 | Plazas distribuidas entre nueve Tribunales Superiores de Justicia | | Total | 500 | 351 más 119 más 30 |

En el grupo de adscripción territorial, Andalucía recibe nueve plazas y Madrid otras nueve. La Comunitat Valenciana suma tres. Asturias, Castilla-La Mancha y la Región de Murcia reciben dos cada una. Baleares, Canarias y Castilla y León cuentan con una plaza por comunidad. La suma de ese reparto territorial es 30.

Las 351 plazas de los Tribunales de Instancia cubren secciones civiles, de instrucción, civiles y de instrucción, penales, sociales, mercantiles y contencioso-administrativas. También incluyen seis plazas en secciones de violencia contra la infancia y la adolescencia y 18 en secciones de violencia sobre la mujer, además de puestos de vigilancia penitenciaria y presidencias liberadas de carga jurisdiccional. Esas 24 plazas ya forman parte de las 351, no se añaden por encima del total de 500.

La norma combina plazas nuevas con la consolidación de refuerzos estructurales. El preámbulo explica que la programación pretende atender necesidades apreciadas en las cargas de trabajo, las propuestas del Consejo General del Poder Judicial y las memorias de los Tribunales Superiores de Justicia, además de las aportaciones de las comunidades autónomas. El decreto concreta la ubicación de cada plaza en sus artículos y anexos, por lo que la distribución se puede comprobar municipio por municipio.

Como ejemplo territorial, la provincia de Cádiz incorpora siete plazas. Dos van a la Audiencia Provincial en la jurisdicción civil, tres refuerzan secciones de lo Social en Cádiz, Algeciras y Jerez, otra se destina a la sección Civil de Jerez y una más a la sección de Violencia sobre la Mujer de Cádiz. La distribución muestra que el paquete mezcla refuerzos de órganos colegiados con puestos en los Tribunales de Instancia y responde a necesidades distintas según el partido judicial.

Entrada en funcionamiento en tres fases

El decreto da fechas diferentes según el tipo y la ubicación de las plazas. El primer grupo empezará a funcionar el 31 de diciembre de 2027. Incluye las plazas de la Audiencia Nacional, los Tribunales Superiores de Justicia y las Audiencias Provinciales, las de adscripción territorial, las plazas de juez o jueza previstas en las secciones de los Tribunales de Instancia y tres plazas creadas con anterioridad que ahora se constituyen en Sant Feliu de Guíxols, Tarragona y Carlet.

El 1 de junio de 2028 será el turno de las plazas de magistrado o magistrada de los Tribunales de Instancia situadas en municipios sede de Tribunales Superiores de Justicia o Audiencias Provinciales, así como en sus sedes desplazadas. El resto de las plazas del artículo 7 del decreto, que contiene las 351 de los Tribunales de Instancia, entrará en funcionamiento el 1 de noviembre de 2028.

Estas fechas son plazos normativos de puesta en marcha. La publicación del decreto no cuantifica qué reducción de esperas se obtendrá en cada juzgado ni afirma que los procedimientos vayan a resolverse más rápido en una proporción determinada. El efecto práctico dependerá de que las plazas lleguen a su fecha de funcionamiento y se integren en el servicio judicial correspondiente. Los cambios en la planta, por sí solos, no permiten anticipar resultados concretos sobre la duración de los procesos.

Once agrupaciones para los asuntos de violencia sobre la mujer

El decreto amplía la jurisdicción de secciones existentes para que conozcan de asuntos de violencia sobre la mujer de partidos judiciales próximos. No crea once secciones nuevas. Fija el momento en que cada agrupación surtirá efectos:

  • El 1 de enero de 2027, la sección de Motril asumirá también los partidos judiciales de Almuñécar y Órgiva.
  • El 1 de junio de 2027, la sección de Pontevedra extenderá su ámbito a Villagarcía de Arousa, A Estrada, Lalín, Cambados, Caldas de Reis y Marín.
  • El 1 de junio de 2028 entrarán en vigor ocho agrupaciones:
  • Huelva con Moguer.
  • Bilbao con Durango, Barakaldo, Gernika-Lumo, Balmaseda y Getxo.
  • Salamanca con Ciudad Rodrigo, Vitigudino, Béjar y Peñaranda de Bracamonte.
  • Donostia/San Sebastián con Tolosa e Irún.
  • Barcelona con L'Hospitalet de Llobregat.
  • Huesca con Barbastro, Boltaña, Fraga, Jaca y Monzón.
  • Segovia con Cuéllar, Sepúlveda y Santa María la Real de Nieva.
  • Murcia con Molina de Segura.
  • El 1 de noviembre de 2028, la sección de Sagunto/Sagunt incorporará el partido judicial de Massamagrell.

Hasta que llegue la fecha de cada agrupación, las disposiciones transitorias mantienen la competencia de determinadas plazas de los partidos afectados para seguir conociendo los asuntos que les correspondan. También prevén continuidad para los procedimientos pendientes hasta su conclusión. La norma, por tanto, ordena la transición y evita leer una ampliación territorial como si surtiera efectos de inmediato en todos los lugares.

La ampliación fiscal se regula por separado

También el 17 de noviembre se publicó el Real Decreto 995/2026, que crea 200 plazas en la plantilla del Ministerio Fiscal. Su actividad también comenzará el 31 de diciembre de 2027 para coincidir con el primer bloque judicial. Se trata de una norma distinta, vinculada a las necesidades de plantilla derivadas de la programación judicial, no de otras 200 plazas dentro del total de 500 jueces y magistrados.

Para el público, el calendario es el dato que permite distinguir el cambio jurídico de su despliegue. El decreto ya define la nueva planta, pero sus plazas se incorporarán al servicio en fechas escalonadas hasta finales de 2028. Hasta entonces, las competencias actuales se mantienen donde así lo disponen las reglas transitorias, y no hay base en esta norma para prometer una mejora inmediata de los plazos de resolución.