El Real Decreto-ley 37/2026 establece para 2027 un incremento retributivo global máximo del 4,5% respecto a las cantidades vigentes a 31 de diciembre de 2026. Sus efectos económicos comienzan el 1 de enero. La norma, publicada en el Boletín Oficial del Estado el 18 de noviembre, entra en vigor el día 19 y fija un marco básico para el sector público estatal, autonómico y local, con excepciones en los elementos propios de la Administración del Estado.

La cifra no equivale a una subida idéntica y automática del 4,5% en cada nómina. En términos aritméticos, un índice de 100 unidades pasaría a 104,5 con un aumento del 4,5%. Esta referencia no permite anticipar una nómina individual, porque la norma fija un máximo global y la aplicación concreta depende de cada administración. El texto habla de un límite máximo global y exige que la comparación entre 2026 y 2027 se haga en términos homogéneos, tanto por el número de personas como por su antigüedad. La aplicación concreta depende de la estructura retributiva y de las decisiones que correspondan a cada administración dentro de ese límite.

Qué establece el 4,5% y a quién alcanza

El artículo 1 toma como referencia las retribuciones que estén vigentes el 31 de diciembre de 2026. Incluye en esa base los incrementos que resulten del Real Decreto-ley 14/2025, que reguló las subidas de 2025 y 2026. Por eso, el porcentaje no debe calcularse sobre una nómina sin actualizar ni sumarse sin más a cualquier cifra publicada antes. La norma fija un máximo para el incremento global del ejercicio siguiente, no una cuantía individual cerrada.

El carácter básico de la medida extiende sus reglas retributivas a las tres escalas de la Administración: estatal, autonómica y local. El propio decreto-ley reserva algunos apartados a conceptos específicos del sector público estatal. Esa distinción importa porque el Estado establece el marco común, pero cada administración tiene que concretar cómo lo aplica en sus ámbitos, respetando sus competencias y los procedimientos de negociación correspondientes.

La nota del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública indicó que la Administración General del Estado aplicará la subida en la nómina de enero de 2027. Para las demás administraciones, señaló que deberán adoptar las medidas necesarias para hacer efectiva la actualización. La previsión de una fecha común de efectos económicos no significa que todas las nóminas se actualicen el mismo día ni que cada empleado reciba entonces un importe idéntico.

Retribuciones, masa salarial y acción social

El límite alcanza conceptos distintos y conviene no mezclarlos. En el personal laboral, la masa salarial podrá aumentar hasta el mismo porcentaje máximo. La norma también permite elevar en términos globales los gastos de acción social, que define como beneficios, complementos o mejoras diferentes de la remuneración por el trabajo y destinados a atender necesidades personales. Pueden entrar aquí ayudas sociales ligadas a circunstancias de quienes trabajan en el sector público, aunque el decreto no convierte cada una de esas ayudas en un derecho individual al 4,5%.

Las aportaciones a planes de pensiones de empleo y a contratos de seguro colectivos solo podrán realizarse si no superan el incremento global fijado para las retribuciones. Además, los gastos de acción social y la productividad o retribución variable del personal laboral deben calcularse de manera homogénea respecto al número de efectivos. La comparación entre ejercicios, por tanto, no puede ignorar cambios en la plantilla para presentar como aumento salarial una variación que se deba a que hay más o menos personas.

El texto también actualiza con efectos desde el 1 de enero de 2027 determinadas cantidades de referencia de la Ley de Presupuestos de 2023, en la redacción que les dio el decreto-ley de 2025. Para la indemnización por residencia del personal activo del sector público estatal, mantiene las zonas donde ya se reconoce y prevé el incremento máximo. Incluye una salvedad para quienes perciban importes superiores a los fijados para el personal estatal: en 2027 seguirán con la cantidad que ya recibían, sin aumento, o con el ajuste que corresponda para llegar al nivel estatal.

La subida de 2027 y el posible ajuste de 2026

El aumento del próximo año forma parte de un acuerdo marco plurianual publicado en el BOE en febrero de 2026. El calendario pactado contemplaba incrementos del 2,5% en 2025, del 2% en 2026, del 4,5% en 2027 y del 2% en 2028. El nuevo decreto-ley da rango legal a la medida prevista para 2027 y permite que tenga efectos desde el primer día del ejercicio, mientras España comienza el año con los Presupuestos Generales del Estado prorrogados.

Hay otra cifra que puede aparecer junto a ese 4,5%, pero corresponde a una condición distinta. El Real Decreto-ley 14/2025 prevé un 0,5% adicional para 2026 si la variación anual del IPC de ese año es igual o superior al 1,5%. La aplicación depende de que el INE publique el dato definitivo y de que el Consejo de Ministros apruebe el incremento mediante un acuerdo publicado en el BOE. Si se confirma, se abonaría durante el primer trimestre de 2027 con efectos desde el 1 de enero de 2026. Si se aprueba, ese 0,5% quedará incorporado a las retribuciones vigentes a 31 de diciembre de 2026 y, por tanto, a la base usada para calcular el límite de 2027. No forma parte del incremento fijado para ese nuevo ejercicio.

Esta diferencia evita sumar como hecho consumado una cantidad todavía condicionada a una comprobación posterior. El 4,5% corresponde al límite global para el ejercicio de 2027. El posible 0,5% pertenece al mecanismo de 2026 y requiere que se cumplan sus condiciones. La publicación de la norma de 2027 no sustituye la confirmación del IPC ni el acuerdo necesario para aplicar ese segundo incremento.

Qué puede comprobar cada empleado público

Para conocer el efecto personal habrá que esperar a la actualización de las tablas y a las instrucciones de cada administración. También será necesario identificar qué conceptos forman parte de la retribución comparable, cuál es la situación profesional y cómo se aplican los complementos y la antigüedad. La cifra global del decreto no permite calcular por sí sola el cambio neto mensual, que puede variar por las cotizaciones, las retenciones y el calendario de pago.

En el ámbito estatal, la norma habilita a la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos para actualizar las cantidades de referencia y dictar instrucciones de abono durante 2027. Las comunidades autónomas y entidades locales aplicarán el marco básico en sus propios ámbitos. La norma incorpora además un crédito extraordinario de unos 4.965 millones de euros para gastos de personal del sector público estatal. Esa partida corresponde al presupuesto estatal y no es una estimación de lo que cada administración territorial pagará ni una bolsa repartida directamente entre las plantillas.

La lectura práctica del decreto es concreta: el 4,5% marca un techo global de incremento retributivo para 2027 con efectos económicos desde enero, no una promesa de que todas las nóminas individuales aumentarán en esa proporción. Para conocer el importe personal habrá que consultar la tabla actualizada y las instrucciones de la administración a la que pertenece cada empleado, una vez aprobadas.