Desde el 18 de noviembre, el baremo estatal del turno de oficio compensa con 179,81 euros una guardia de 24 horas de asistencia a una persona detenida en un procedimiento penal general. La nueva tabla también fija en 432 euros el módulo del procedimiento penal general y en 46,44 euros la actuación de procura en todos los procedimientos penales. Son importes públicos por actuaciones profesionales tasadas, no honorarios que una persona usuaria deba pagar por su cuenta.

La Orden PJC/1225/2026 se publicó el 17 de noviembre y entró en vigor al día siguiente. Actualiza los importes del anexo II del Reglamento de asistencia jurídica gratuita, que el Real Decreto 824/2026 había reformado en octubre. La orden establece una subida general del 8 % en las bases de compensación de la abogacía y la procura, con ajustes específicos para algunos procedimientos.

Qué cambia en las bases de compensación

En la abogacía, la subida ordinaria es del 8 %. El juicio completo de familia de mutuo acuerdo aumenta un 10 %. Los procedimientos cambiarios y las actuaciones para dar eficacia civil a resoluciones de tribunales eclesiásticos suben un 6 %. Los módulos correspondientes a órganos judiciales especializados en materia mercantil aumentan un 7 %. Para la procura, el incremento general es del 8 %.

La comparación siguiente toma como referencia las cantidades fijadas por el Real Decreto 824/2026, en vigor desde el 16 de octubre. Son las bases inmediatamente anteriores a esta actualización, no una comparación acumulada desde la tabla de 2025.

  • Abogacía, guardia de 24 horas en procedimiento penal general. De 166,49 euros a 179,81 euros.
  • Abogacía, procedimiento penal general. De 400 euros a 432 euros.
  • Abogacía, procedimiento penal de especial complejidad. De 600 euros a 648 euros.
  • Abogacía, juicio completo de familia de mutuo acuerdo. De 174,96 euros a 192,46 euros.
  • Abogacía, procedimiento cambiario. De 218,70 euros a 231,82 euros.
  • Abogacía, concurso completo de microempresa o persona física ante un órgano mercantil especializado. De 346,53 euros a 370,79 euros.
  • Procura, todos los procedimientos penales. De 43 euros a 46,44 euros.
  • Procura, todos los procedimientos civiles. De 35,04 euros a 37,84 euros.

El procedimiento penal general ilustra por qué conviene fechar cada comparación. El Real Decreto 824/2026 fijó su módulo en 400 euros, frente a los 350,50 euros que recogía la orden de 2025. La nueva orden lo eleva a 432 euros. El último paso supone un 8 % sobre los 400 euros establecidos en octubre. No es correcto describir los 432 euros como un aumento del 8 % sobre la cantidad de 2025.

La actualización también recoge nuevas cantidades para servicios distintos del proceso judicial ordinario. En los medios adecuados de solución de controversias, la actuación letrada que termina con acuerdo se compensa con el 125 % de la cuantía aplicable al procedimiento. Si no hay acuerdo, el módulo asciende a 32,40 euros. El Real Decreto de octubre había establecido 30 euros en este segundo supuesto. La tabla mantiene asimismo el 125 % para la conciliación laboral previa cuando hay acuerdo y para las transacciones extrajudiciales.

En la asistencia inmediata por violencia de género, terrorismo, trata y determinados delitos contra la libertad sexual, el anexo fija 94,64 euros por disponibilidad durante la guardia cuando no se requiere intervención. Si hay disponibilidad y asesoramiento con asistencia para formular una denuncia o solicitar una orden de protección cuando proceda, el importe por asistencia llega a 141,72 euros, sujeto al límite establecido para cada supuesto. Estos módulos se refieren a las actuaciones descritas en la norma, no a un pago automático por cada llamada o consulta.

A quién se aplican las nuevas cuantías

El cambio afecta a la compensación de profesionales de la abogacía y la procura que prestan el servicio público de asistencia jurídica gratuita dentro del ámbito regulado por la Administración General del Estado. El Reglamento aprobado en 2021 delimita ese ámbito para procesos ante órganos jurisdiccionales con competencia en todo el territorio nacional y para los territorios que no han recibido los traspasos de medios al servicio de la Administración de Justicia. Las comunidades autónomas que gestionan la prestación con competencias transferidas pueden tener sus propios baremos. Por eso, el nuevo cuadro estatal no debe leerse como una tarifa idéntica para cada turno de oficio de España.

La diferencia entre compensación pública y honorarios privados también es relevante para quien solicita ayuda. Las cantidades del anexo son módulos que se abonan por actuaciones profesionales reconocidas dentro del servicio. No son precios para calcular cuánto costaría contratar a un abogado o procurador particular ni importes que se facturen a la persona beneficiaria de justicia gratuita.

La Orden PJC/1225/2026 se limita a determinar esas bases económicas por tipo de actuación. No cambia por sí misma los requisitos de acceso a la asistencia jurídica gratuita, los documentos que se aportan con una solicitud ni la decisión sobre si una persona tiene derecho al servicio. La norma de acceso y la evaluación de cada caso siguen su marco propio. La noticia de hoy es la actualización de los módulos públicos aplicables en el ámbito estatal desde el 18 de noviembre.