Una cifra de 100 Mbps aparece en dos referencias distintas de la normativa de telecomunicaciones. Una es el objetivo de extender la conectividad de esa velocidad por el territorio. Otra es la velocidad que debe garantizarse dentro del servicio universal. El Real Decreto 1026/2026 fija este segundo umbral desde el 1 de enero de 2027, pero no convierte todos los contratos de internet del país en conexiones de 100 Mbps.

El cambio se aplica a un servicio público delimitado, con acceso fijo a internet y telefonía, reglas para tarifas sociales y garantías de accesibilidad. Para entender qué puede pedir cada usuario, conviene separar la cobertura general de las obligaciones que deben asumir los operadores dentro del servicio universal.

Los 100 Mbps son el nuevo mínimo del servicio universal

La Ley General de Telecomunicaciones de 2022 fijó en 10 Mbps la velocidad mínima de bajada dentro del servicio universal. En otra disposición, la ley planteó como objetivo que el acceso a internet de banda ancha a 100 Mbps llegara de forma universal desde 2023. Esa referencia de cobertura no era el mismo requisito técnico que el mínimo garantizado por el servicio universal.

El reglamento publicado el 19 de noviembre actualiza el segundo límite. Su artículo 11 establece una velocidad mínima de 100 Mbps de bajada y 5 Mbps de subida para el acceso a internet de banda ancha que forma parte del servicio universal. También indica cómo se mide: el operador debe garantizar la velocidad global del enlace, promediada en cualquier periodo de 24 horas, en el 95 por ciento de los casos y atendiendo a las funciones propias de cada tecnología.

Por tanto, no es correcto presentar los 100 Mbps como una mención que solo aparece en el preámbulo. La cifra figura en el articulado y sustituye el umbral de 10 Mbps dentro del servicio universal. A la vez, el apartado 3 del mismo artículo permite que las empresas sigan comercializando velocidades inferiores cuando se contraten fuera de ese servicio. El reglamento no impone un mínimo de 100 Mbps a todas las ofertas del mercado.

La diferencia práctica es el ámbito: esa velocidad funciona como obligación para garantizar el servicio universal, no como un cambio automático de cada plan de fibra o de cada contrato residencial.

Qué incluye el servicio y a quién debe llegar

El servicio universal comprende dos prestaciones mediante una conexión subyacente en una ubicación fija: acceso adecuado a internet de banda ancha y comunicaciones vocales, es decir, telefonía fija. La conexión puede apoyarse en distintas tecnologías, incluso inalámbricas, siempre que permita prestar esos servicios desde una ubicación fija y cumpla los requisitos técnicos. El reglamento incluye como usuarios finales a consumidores, microempresas, pequeñas y medianas empresas y organizaciones sin ánimo de lucro.

La obligación busca que estos servicios estén disponibles con independencia de dónde se encuentre el usuario y a un precio asequible. Eso no significa que cualquier compañía tenga que instalar una red nueva en cualquier dirección. Si no hay un operador designado para una zona, el reglamento prevé que atiendan las solicitudes las empresas que ya prestan allí servicios fijos, bajo las condiciones que establece la norma. Si la oferta comercial no garantiza el acceso en determinadas áreas, el Ministerio puede iniciar un procedimiento para designar a uno o varios operadores en las zonas y servicios afectados.

La norma fija también un plazo máximo de 30 días naturales para habilitar una conexión cuando no haya operador designado y el operador ya preste servicio en esa ubicación, salvo causas objetivas ajenas a la empresa que estén acreditadas. Si una persona considera que ningún operador atiende una solicitud relativa al servicio universal, puede reclamar ante la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales.

Las tarifas sociales se vinculan al ingreso mínimo vital

El reglamento identifica como consumidores con rentas bajas o necesidades sociales especiales a las personas beneficiarias del ingreso mínimo vital. Los operadores que ofrezcan internet fijo o telefonía fija deben poner a su disposición opciones sociales para los servicios que ya prestan en las ubicaciones correspondientes. Puede haber una tarifa de internet, otra de telefonía fija o un paquete con ambos servicios.

Para considerar asequible el precio, la norma toma como referencia el precio medio de mercado de cada servicio. Una reducción del 25 por ciento deja la tarifa en el 75 por ciento de esa referencia. La CNMC determinará ese promedio cada año y vigilará la evolución de los precios. Si concluye que una tarifa no es asequible, podrá exigir al operador que ofrezca a quienes perciben el IMV uno de los abonos sociales con la reducción prevista. La regla no extiende automáticamente el descuento a la línea móvil, aunque protege la rebaja de los servicios fijos cuando se contratan junto con una oferta que también incluye móvil.

En la práctica, una persona interesada tendrá que comprobar si cumple la condición ligada al IMV, qué servicios ofrece su operador en la dirección y cómo se aplica el descuento sobre el precio de referencia. La norma también exige que las opciones sociales se publiquen de forma clara y que su contratación no provoque una desconexión injustificada del servicio.

Las obligaciones de accesibilidad afectan a todos los operadores

Las garantías para las personas con discapacidad no dependen de que tengan una tarifa social. Todos los operadores de internet y telefonía fija deben asegurar un nivel de acceso equivalente al del resto de consumidores. La obligación incluye la contratación, la información previa y contractual, el uso del servicio, la atención al cliente, la resolución de incidencias y la facturación.

Para la telefonía fija, las compañías también deben ofrecer terminales y equipos adecuados a distintos tipos de discapacidad. La norma menciona, entre otros, teléfonos de texto, videoteléfonos y teléfonos con amplificación para personas con discapacidad auditiva. Añade servicios de conversión a texto y conversación en modo texto, para que quienes tienen dificultades auditivas puedan comunicarse mediante el terminal.

El Ministerio decide y la CNMC supervisa precios

El Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública ejerce el control general de estas obligaciones y decide si procede poner fin a la prestación como servicio público cuando el mercado ya ofrece cobertura, precio y calidad adecuados. Para esa decisión necesita un informe previo de la CNMC y una audiencia pública. Si detecta que la actividad comercial no garantiza el servicio, el Ministerio puede designar operadores, incluso distintos para la telefonía y el acceso a internet o para territorios concretos.

La CNMC se ocupa especialmente de la asequibilidad y la financiación. Calcula el precio medio de mercado, supervisa las tarifas y puede exigir correcciones a los operadores cuando no respeten las condiciones.

Qué puede esperar una persona con un contrato actual

El reglamento no dispone una actualización automática general de todos los contratos a 100 Mbps. El nuevo umbral rige dentro del servicio universal desde el 1 de enero de 2027. Fuera de ese ámbito, la propia norma permite que las compañías ofrezcan velocidades inferiores mediante contratos comerciales. La situación de cada persona dependerá de si solicita una prestación incluida en el servicio universal, de la cobertura disponible en su domicilio y de las condiciones del servicio contratado.

La reforma sí concreta derechos que pueden comprobarse: acceso fijo a internet y voz, una vía para solicitar prestaciones donde el mercado no las garantice, tarifas sociales asociadas al IMV y condiciones de accesibilidad. El criterio útil es preguntar por el servicio y la dirección concretos, en vez de interpretar la referencia a 100 Mbps como una subida general de todas las conexiones domésticas.