El BOE asigna a Moguer y Palos de la Frontera hasta 2,5 millones de euros cada uno para financiar proyectos de vivienda y alojamiento permanente para trabajadores temporeros agrícolas en el área de Doñana. El Real Decreto 765/2026, publicado en el BOE el 2 de octubre, reserva 5 millones en total y entra en vigor el sábado 3 de octubre. El dinero se concede directamente a ambos ayuntamientos: la norma no abre una convocatoria para que las personas trabajadoras soliciten una vivienda o una ayuda individual.

El decreto fija el destino de los fondos, los municipios beneficiarios y los plazos, pero deja para los convenios con cada consistorio los proyectos concretos, sus presupuestos y el calendario de ejecución. Por eso, la publicación de la norma no equivale a anunciar nuevas plazas, viviendas ya disponibles ni fechas de apertura. Esos detalles dependerán de las propuestas municipales y de su formalización.

Dos municipios y cinco millones de euros

El anexo del real decreto asigna 2.500.000 euros a Moguer y otros 2.500.000 a Palos de la Frontera. La suma de ambas partidas coincide con los 5.000.000 euros autorizados. La financiación corresponde al ejercicio de 2026 y se integra en la línea 13.4 del Marco de actuaciones para el desarrollo territorial sostenible del área de influencia del Espacio Natural de Doñana, dedicada al acceso de las personas temporeras a un alojamiento digno.

La norma explica por qué Lucena del Puerto no figura entre los beneficiarios de esta anualidad. El ayuntamiento comunicó el 21 de mayo de 2026 que renunciaba a recibir la subvención de 2026, tras valorar el estado de ejecución de los proyectos programados para 2025. El decreto identifica, por tanto, a Moguer y Palos como destinatarios para este año. No establece una distribución de las viviendas entre municipios vecinos ni permite trasladar a esta anualidad las actuaciones financiadas en otros ejercicios.

El ámbito se ciñe a los términos municipales de Moguer y Palos de la Frontera. La finalidad es mejorar las condiciones de habitabilidad de los alojamientos destinados a temporeros agrícolas en el área de influencia de Doñana, donde la actividad agrícola genera necesidades estacionales de mano de obra. El texto plantea actuaciones permanentes, después de una fase anterior de respuestas urgentes y temporales.

Qué actuaciones pueden financiarse

Los fondos pueden destinarse a adquirir viviendas ya construidas, adquirir terrenos para construir vivienda protegida, equipar las viviendas, rehabilitar alojamientos protegidos destinados a vivienda social y construir nuevas viviendas protegidas. También se contemplan alojamientos dotacionales y albergues. Para las nuevas construcciones, la norma exige que el suelo sea urbano y de titularidad municipal, incluidos suelos dotacionales, y que esté dentro del municipio beneficiario.

El presupuesto también puede cubrir determinados gastos técnicos y materiales que sean necesarios para preparar o ejecutar los proyectos. Entre ellos se incluyen los estudios, proyectos y direcciones de obra, así como equipamiento, infraestructuras tecnológicas y trabajos vinculados directamente a la actuación. El decreto excluye los gastos que no tengan relación directa con la construcción, compra, rehabilitación o preparación de los alojamientos. La lista concreta de costes admisibles deberá quedar reflejada en el convenio de cada ayuntamiento.

La ayuda busca crear o consolidar vivienda de carácter permanente y una red de alojamientos específicamente pensados para las personas temporeras agrícolas. No obliga a que los dos ayuntamientos opten por la misma fórmula. Cada uno tendrá que definir los proyectos que propone y justificar que encajan en los fines y gastos permitidos. Si un municipio no presenta iniciativas por el importe máximo asignado o no aporta un proyecto elegible, el reparto podrá modificarse conforme a las condiciones del real decreto.

Los convenios concretarán las viviendas y los plazos

El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana instrumentará las subvenciones mediante convenios con las alcaldías de Moguer y Palos de la Frontera. Deben formalizarse antes del 1 de diciembre de 2026. En cada acuerdo se identificarán los programas y proyectos, su presupuesto, las partidas subvencionables y un cronograma con hitos y calendario de ejecución.

Antes de firmar, cada ayuntamiento tendrá que presentar una declaración responsable sobre los requisitos legales exigidos y acreditar que está al corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social. Si autoriza al Ministerio a consultar esos datos por vía telemática, podrá evitar aportar algunos certificados directamente. La firma del convenio es, así, el siguiente paso administrativo para trasladar la cuantía máxima prevista a actuaciones definidas.

Los trabajos financiados podrán ejecutarse hasta el 31 de diciembre de 2030. El abono se realizará en un único pago anticipado una vez firmado el convenio y comprobadas las condiciones previas. Después, los ayuntamientos deberán acreditar el avance, justificar el uso de los fondos y presentar memorias de actuación. El incumplimiento de los hitos o la falta de justificación puede dar lugar a reintegros, totales o parciales, según el alcance de la incidencia.

Qué significa para las personas temporeras

La aprobación estatal crea una vía de financiación municipal para ampliar o mejorar alojamientos, pero no determina por sí sola quién podrá residir en cada inmueble ni cómo se adjudicarán las plazas. Tampoco informa de ubicaciones, capacidades, tarifas o requisitos de acceso de futuras viviendas. La publicación del 2 de octubre establece el marco económico y jurídico; las condiciones prácticas tendrán que concretarse cuando se conozcan los convenios y los proyectos aprobados.

Para quienes trabajan o prevén trabajar en campañas agrícolas de la zona, el dato inmediato es que el real decreto no habilita una solicitud individual. Los beneficiarios directos son los ayuntamientos y la vivienda deberá destinarse al colectivo y a los fines fijados en la norma. Cuando cada consistorio publique sus actuaciones y, si corresponde, las reglas para acceder a los alojamientos, se podrá conocer dónde estarán, cuándo empezarán a funcionar y cómo se asignarán.

La diferencia entre conceder presupuesto y poner plazas en servicio es relevante en una medida de varios años. Moguer y Palos disponen de un máximo conjunto de 5 millones de euros para plantear las intervenciones, pero la distribución entre compra, rehabilitación, obra nueva o albergues aún depende de los convenios. El plazo de ejecución hasta el 31 de diciembre de 2030 permite programar las actuaciones en varias fases, aunque no fija una fecha común de apertura.

Desde el 3 de octubre estará vigente el marco que regula estas subvenciones. El calendario posterior dependerá de que los convenios se firmen antes del 1 de diciembre de 2026 y establezcan hitos realistas. La norma pone recursos en manos de los dos municipios para desarrollar soluciones de alojamiento más estables. La información que permitirá valorar el alcance concreto llegará con los proyectos, sus ubicaciones y los procedimientos municipales de acceso.