La Orden EFD/1217/2026, publicada el 16 de noviembre y vigente desde el 17, aprueba las reglas de funcionamiento de la Comisión Estatal Estratégica de la Formación Profesional. La norma concreta quién se sienta en este órgano, cómo se reúne y qué tareas puede asumir en la gobernanza estatal de la FP. Entre sus novedades prácticas figuran las reuniones ordinarias trimestrales, la representación de cinco organizaciones sindicales y cinco empresariales de ámbito estatal, y un procedimiento para revisar la distribución de vocalías.

Una comisión permanente con reglas de funcionamiento

La comisión forma parte de la estructura del Consejo General de Formación Profesional y tiene carácter permanente. La Orden EFD/1217/2026 no presenta su existencia como una creación desde cero. El marco de la Ley Orgánica 3/2022 y del Real Decreto 659/2023 ya situaba a las organizaciones empresariales y sindicales más representativas en la gobernanza del sistema y contemplaba la comisión como órgano de participación y apoyo al Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes. La orden publicada en noviembre regula su composición y su operativa para hacer posible su constitución y el desarrollo de las funciones atribuidas por esas normas.

Esa distinción importa para entender el alcance del cambio. El texto no anuncia una nueva prestación para estudiantes ni modifica por sí mismo los títulos o las reglas de acceso a la FP. Organiza un espacio estatal donde la Administración, los sindicatos y las organizaciones empresariales pueden tratar necesidades formativas, orientar propuestas y evaluar determinadas políticas. La comisión presta apoyo al Ministerio, aunque no se integra en su estructura jerárquica.

Quince vocalías, además de la presidencia

La presidencia corresponde a la persona titular del departamento ministerial competente en FP. La orden asigna cinco vocalías a representantes del Ministerio, cinco a las organizaciones sindicales más representativas en el ámbito estatal y cinco a las organizaciones empresariales con esa misma condición. Las vocalías ministeriales deben recaer en personal funcionario de carrera del subgrupo A1 que ocupe un puesto de nivel 28 o superior.

La secretaría la desempeña una de las vocalías del Ministerio y cuenta con voz y voto. Por tanto, no se añade como un asiento independiente a los cinco representantes ministeriales. La composición de las vocalías combina así representación de la Administración y participación de los agentes sociales, mientras que la presidencia mantiene la dirección formal del órgano.

Los integrantes proceden del Pleno del Consejo General de Formación Profesional. El departamento ministerial designa a sus representantes, y las organizaciones sindicales y empresariales nombran a los suyos de entre las personas que ya las representan en ese Pleno. En las designaciones debe respetarse la presencia equilibrada de mujeres y hombres, salvo que existan razones fundadas y objetivas que se motiven debidamente.

El reglamento también abre una vía para revisar la distribución interna de las vocalías. Las organizaciones presentes en el Pleno pueden pedir a la presidencia que se revise el reparto si aportan la documentación que acredita la representatividad alegada. La posibilidad se extiende a las organizaciones del Consejo que no tengan actualmente una vocalía asignada a la comisión. La revisión no cambia automáticamente la composición: permite plantear el ajuste con pruebas y someterlo al procedimiento previsto.

Reuniones cada trimestre y acuerdos con quórum

La comisión celebrará sesiones ordinarias trimestrales. La presidencia puede convocarlas por iniciativa propia o a petición de una cuarta parte de sus miembros. En las reuniones ordinarias, la convocatoria debe enviarse con ocho días hábiles de antelación. Si hay razones de urgencia, pueden convocarse sesiones extraordinarias con dos días hábiles de antelación.

Las sesiones pueden ser presenciales, a distancia o combinar ambas modalidades. La convocatoria debe especificar el día, la hora, el lugar y el orden del día, junto con la documentación que necesiten estudiar los participantes. Si un asunto afecta de forma específica a las competencias de otro ministerio, la presidencia puede invitar a representantes de ese departamento. Intervienen con voz, pero sin voto, porque su participación no los convierte en miembros de la comisión.

Para constituir válidamente la sesión deben asistir la presidencia y la secretaría, o quienes las sustituyan, y al menos la mitad de los miembros. La presencia puede ser física o a distancia. En principio, la comisión solo puede acordar asuntos incluidos en el orden del día. La excepción exige que estén representadas todas las partes que integran el órgano y que acepten por unanimidad añadir un punto.

Los acuerdos se adoptan por mayoría de los votos de quienes asisten. Cada representante dispone de un voto y la presidencia resuelve los empates. La secretaría redacta y firma el acta, que debe recoger quién asistió, las intervenciones, las circunstancias de la sesión, los aspectos principales del debate y el resultado de las votaciones. El acta se aprueba en la siguiente reunión y se adjunta a su convocatoria. Las personas integrantes pueden dejar constancia de su voto contrario o de su abstención y explicar sus motivos.

Formación, acreditación y seguimiento de políticas

El reglamento asigna a la comisión tareas de análisis y propuesta en distintas fases del sistema. Puede detectar necesidades de formación de la población activa y contribuir a que la oferta estatal se ajuste a la evolución de los sectores productivos. Para ello, sus integrantes pueden colaborar con el área del Observatorio del Instituto Nacional de las Cualificaciones Profesionales en la identificación de perfiles no recogidos en el catálogo de estándares, su actualización y el contraste con los sectores afectados.

También puede formular propuestas sobre la oferta formativa, la acreditación de competencias y la orientación profesional. Entre las materias que recoge la orden están los criterios para ayudas a programas formativos en empresas y el desarrollo de la formación en empresa u organismo equiparado. La comisión puede colaborar, además, en la identificación y difusión de necesidades de acreditación de competencias básicas y profesionales.

Otra parte de su cometido es evaluar el diseño de políticas, actuaciones y programas de FP gestionados directamente por el Ministerio y asociados a la cuota de formación que se transfiere al departamento. Esa evaluación puede alimentar propuestas para una oferta centralizada anual, coordinada con las necesidades del tejido productivo y con los sectores que la Administración determine prioritarios. El reglamento prevé que se colabore en la definición de indicadores de seguimiento y evaluación.

En el ámbito económico, la comisión puede elaborar propuestas para distribuir entre las distintas áreas del sistema los recursos presupuestarios procedentes de esa cuota y sus remanentes. La norma no le atribuye la ejecución directa del gasto. Sí le encarga informar cada año sobre las políticas y estrategias financiadas con esos recursos y sobre la gestión y ejecución de los fondos correspondientes.

Sus propuestas y decisiones se trasladan, cuando proceda, a la Comisión Permanente y al Pleno del Consejo General de Formación Profesional. Además, la comisión elaborará un documento anual de propuestas basado en la evaluación de las políticas y actuaciones descritas en el reglamento. Para cumplir estas funciones, podrá formar grupos de trabajo técnicos, temporales o permanentes, e invitar a organizaciones sectoriales, administraciones, personas expertas y otros agentes de FP cuando su conocimiento resulte pertinente.

Alcance y cuestiones pendientes

La perspectiva de género e interseccional debe incorporarse de forma transversal a la prospección, planificación, programación, evaluación y seguimiento. El texto también promueve estadísticas e indicadores desglosados por sexo para apoyar las decisiones y valorar sus resultados. El departamento ministerial debe dotar a la comisión de los medios humanos, técnicos y materiales necesarios, pero la provisión queda supeditada a las disponibilidades presupuestarias. La orden declara que su aplicación no supondrá un incremento del gasto público.

El calendario trimestral define una frecuencia ordinaria, pero la orden no fija una fecha para la primera sesión ni adelanta qué decisiones tomará el órgano. La publicación permite conocer quién participará, cómo se adoptarán los acuerdos y qué informes y propuestas puede preparar. Los resultados dependerán de la designación efectiva de sus miembros, de la convocatoria de las reuniones y de la información que se ponga a su disposición.