Ocho comunidades autónomas podrán destinar más de 4.000 millones de euros de superávit a inversiones financieramente sostenibles después de que el Consejo de Ministros aprobara un real decreto-ley que flexibiliza el uso de esos recursos. La medida alcanza a Asturias, Canarias, Navarra, País Vasco, Andalucía, Illes Balears, Cantabria y Galicia, de acuerdo con los datos de avance disponibles para el cierre de 2025.

El cambio permite emplear el superávit presupuestario obtenido en 2025 durante los ejercicios 2026 y 2027. Además, las comunidades cuya deuda se situara por debajo del 12,4 % de su producto interior bruto al final de 2025 podrán dirigir a inversiones determinados superávits pendientes de ejercicios anteriores en lugar de aplicarlos obligatoriamente a reducir deuda.

Esos recursos podrán ejecutarse entre 2026 y 2028 y no computarán a efectos de la regla de gasto. Sí deberán respetar el objetivo de estabilidad presupuestaria y el resto de condiciones de la normativa financiera. La habilitación no funciona como un cheque sin destino: se limita a inversiones que puedan considerarse financieramente sostenibles.

Qué inversiones admite la medida

El Ministerio de Hacienda define estas actuaciones como inversiones que deben sostenerse económicamente durante su vida útil y producir efectos compatibles con unas finanzas públicas estables. Entre los ámbitos admitidos aparecen la vivienda social y asequible, la mejora de la eficiencia energética, actuaciones con impacto favorable frente al cambio climático y proyectos que reduzcan gastos recurrentes o generen ahorros futuros.

La posibilidad de invertir en vivienda da a la norma una dimensión que va más allá de la contabilidad presupuestaria. Una comunidad con superávit podrá dedicar recursos a vivienda protegida permanente siempre que el proyecto cumpla las condiciones exigidas. No significa que los más de 4.000 millones vayan a destinarse íntegramente a ese fin ni que exista un reparto estatal de esa cuantía: se trata de recursos propios acumulados por las administraciones autonómicas beneficiarias.

Para acceder a la regla especial, las comunidades deberán cumplir también el periodo medio de pago a proveedores previsto en la normativa contra la morosidad. Este requisito busca evitar que una administración utilice remanentes para nuevas actuaciones mientras mantiene retrasos incompatibles con sus obligaciones corrientes.

Dos vías para utilizar los superávits

La norma abre dos caminos relacionados, pero distintos. El primero afecta al superávit generado en 2025 y permite destinarlo a inversiones sostenibles en 2026 y 2027. El segundo alcanza remanentes de ejercicios anteriores para las comunidades con una deuda inferior al 12,4 % de su PIB al cierre del año pasado.

En esta segunda vía, la principal novedad consiste en que el dinero no tendrá que emplearse necesariamente para amortizar deuda. Podrá financiar inversiones en 2026, 2027 y 2028 sin computar en la regla de gasto. Esa excepción no elimina el control fiscal general ni convierte cualquier gasto en elegible.

Las comunidades incluidas en la estimación inicial son Asturias, Canarias, Navarra, País Vasco, Andalucía, Illes Balears, Cantabria y Galicia. La relación responde a los datos de avance del ejercicio 2025 y a los criterios comunicados por Hacienda. La cifra final de recursos utilizables dependerá de la liquidación presupuestaria y de que cada territorio cumpla las condiciones.

Medidas específicas para Canarias y La Palma

El real decreto-ley incorpora además disposiciones concretas para Canarias. La comunidad podrá destinar 100 millones de euros del superávit de 2025 a ayudas para personas y entidades afectadas por la erupción de Cumbre Vieja en La Palma. El texto amplía también al periodo impositivo de 2026 la deducción del 60 % en el IRPF para contribuyentes residentes en la isla.

Estas medidas tienen un alcance territorial específico y no deben confundirse con la habilitación general para las ocho comunidades. La autorización de los 100 millones responde a la reconstrucción de La Palma, mientras que la regla sobre inversiones sostenibles establece un marco común para territorios que cumplen los requisitos financieros.

La deducción fiscal tampoco equivale a un pago directo. Reduce la carga del IRPF de los contribuyentes afectados conforme a las condiciones de la norma y deberá aplicarse en la declaración correspondiente. La eficacia concreta dependerá de la situación tributaria de cada persona.

Más recursos del sistema en 2027

Hacienda ha situado la medida dentro de una fotografía más amplia de la financiación territorial. Según el Gobierno, las comunidades recibirán en 2027 un total de 185.593 millones de euros mediante entregas a cuenta y liquidación del sistema de financiación, un 78,6 % más que en 2018.

Esa cifra no forma parte de los más de 4.000 millones de superávit. Son conceptos diferentes. Las entregas a cuenta y la liquidación proceden del sistema de financiación autonómica; el superávit es el resultado positivo acumulado en las cuentas de cada comunidad. Mezclarlos llevaría a exagerar el volumen de dinero nuevo habilitado por el decreto.

El paquete se aprueba mientras continúa el debate político sobre la reforma del modelo de financiación autonómica. La discusión sobre el reparto futuro de recursos es distinta de la flexibilización contable que ahora se autoriza. El real decreto-ley tendrá que superar la convalidación parlamentaria correspondiente para mantener su vigencia.

Qué puede ocurrir a partir de ahora

Cada comunidad deberá identificar proyectos, comprobar que encajan en la definición de inversión financieramente sostenible y tramitar el gasto dentro de los ejercicios permitidos. Disponer de superávit no garantiza una ejecución inmediata: hacen falta expedientes, proyectos maduros, contratos y capacidad administrativa.

La experiencia de otras habilitaciones muestra que el calendario importa. Una autorización tardía puede reducir el margen para licitar y ejecutar. En esta ocasión, la ventana se extiende a varios ejercicios, lo que debería facilitar proyectos complejos, aunque seguirá siendo necesario vigilar cuánto se compromete y cuánto llega realmente a ejecutarse.

La medida amplía, en definitiva, la autonomía de ocho gobiernos regionales para transformar ahorro presupuestario en inversión sin destinarlo de forma automática a reducir deuda. Su impacto dependerá menos del anuncio agregado que de la selección de proyectos y de su ejecución efectiva. Vivienda pública, eficiencia energética y reconstrucción aparecen entre los destinos posibles, pero serán las cuentas de cada comunidad las que permitan conocer cuánto dinero termina movilizándose y con qué resultados.