
El acuerdo de la Diputación Permanente del Congreso que derogó el Real Decreto-ley 28/2026 llegó antes de la fecha en que debía empezar a regir. La norma, publicada el 7 de octubre, fijaba su entrada en vigor para el 15 de noviembre. El Congreso adoptó la derogación el 12 de noviembre y la resolución apareció en el BOE el día 13. Por tanto, las nuevas reglas sobre prórrogas largas e indemnización por no renovar no llegaron a aplicarse como régimen vigente.
La resolución también aclara cómo queda el marco relacionado con el Real Decreto-ley 29/2026 y con el artículo 10 de la Ley de Arrendamientos Urbanos. Los dos decretos tuvieron resultados distintos en la misma sesión: el 28 fue derogado y el 29 quedó convalidado. Separar ambos textos evita atribuir al paquete que sigue en vigor cambios que pertenecían a la norma descartada.
La derogación llegó antes de la fecha prevista
El Real Decreto-ley 28/2026 se publicó en el BOE el 7 de octubre. Su disposición final segunda aplazaba la entrada en vigor hasta el 15 de noviembre. La Diputación Permanente acordó derogarlo tres días antes, en la sesión del 12 de noviembre. La resolución que ordena publicar el acuerdo se incorporó al BOE del 13 de noviembre.
El acuerdo invoca el artículo 86.2 de la Constitución, que encomienda al Congreso decidir si convalida o deroga un real decreto-ley. El BOE identifica expresamente el Real Decreto-ley 28/2026 como derogado y registra el 13 de noviembre como fecha de publicación de la resolución. La votación parlamentaria y la publicación son momentos distintos, aunque ambos forman parte de la cronología necesaria para interpretar el cambio.
La fecha importa porque el texto de octubre no estaba ya aplicándose cuando se tomó la decisión. Había sido publicado y tenía un día futuro fijado para comenzar a regir, pero la derogación se acordó antes. La previsión de entrada en vigor no equivale a una entrada efectiva. El calendario del propio decreto y la resolución posterior permiten afirmar que el nuevo régimen de prórrogas previsto en el 28 no llegó a desplegarse.
Qué reglas de alquiler se quedaron en el texto derogado
El artículo único del Real Decreto-ley 28/2026 modificaba el artículo 10 de la LAU. Para los contratos de vivienda habitual, planteaba que, una vez transcurridos los cinco años de duración mínima, o siete si el arrendador era una persona jurídica, la falta de aviso de cualquiera de las partes diera paso a prórrogas obligatorias de cinco años. Si el arrendador era una persona jurídica, los periodos previstos también ascendían a siete años. El arrendador debía comunicar con seis meses de antelación su voluntad de no renovar. Para el inquilino, el preaviso era de dos meses.
El cambio no se limitaba al tiempo de permanencia. Si el arrendador comunicaba válidamente que no quería prorrogar el contrato, la norma preveía una indemnización. Su importe se calculaba tomando el mayor de dos valores: doce mensualidades según el valor de referencia aplicable a la vivienda o una mensualidad por cada año de residencia. El decreto recogía excepciones, entre ellas varios supuestos relacionados con la necesidad de recuperar la vivienda, la residencia efectiva del inquilino o la disponibilidad de otra vivienda en el mismo municipio.
Ese era el régimen escrito en el BOE, pero su fecha de aplicación estaba diferida. La derogación impidió que el nuevo artículo 10 empezara a operar el 15 de noviembre. Por eso no cabe presentar esas prórrogas de cinco o siete años ni la indemnización como derechos que nazcan automáticamente de la resolución publicada el día 13.
El Real Decreto-ley 29 sigue vigente con su propia regulación
El Real Decreto-ley 29/2026 también se publicó el 7 de octubre, pero entró en vigor con carácter general el 8 de octubre. La Diputación Permanente lo convalidó el 12 de noviembre y la resolución correspondiente se publicó, junto con la derogación del 28, en el BOE del día 13. No fue derogado ni sustituido por la resolución relativa al decreto de estabilidad de los contratos.
Su artículo 3 modificó el artículo 10 de la LAU con un régimen diferente. Tras los cinco años mínimos, o siete si el arrendador es una persona jurídica, contempla prórrogas anuales hasta un máximo de tres años adicionales si ninguna parte avisa en plazo. El preaviso exigido al arrendador es de cuatro meses y el del inquilino, de dos. Esta es la redacción del artículo 10 que introdujo el decreto-ley 29. La redacción prevista por el 28, con bloques de cinco o siete años y seis meses de preaviso para el arrendador, no llegó a entrar en vigor.
El decreto-ley 29 conserva además su disposición final quinta, que regula una prórroga extraordinaria de hasta dos años para determinados contratos de vivienda habitual. No se concede de forma automática. Debe solicitarla el arrendatario y el contrato tiene que encajar en los supuestos y fechas que indica el texto. En concreto, se dirige a contratos vigentes cuando el RDL 29 entró en vigor el 8 de octubre de 2026 y a determinados vencimientos anteriores al 31 de diciembre de 2028, incluidas ciertas prórrogas y la tácita reconducción. Entre sus requisitos está que la persona arrendataria estuviera al corriente del pago durante cada uno de los ocho meses anteriores a la solicitud. La norma mantiene las condiciones del contrato durante la prórroga y establece excepciones, por ejemplo si las partes acuerdan otras condiciones, firman un nuevo contrato o concurre una causa legal de recuperación de la vivienda. También la declara incompatible con la prórroga del artículo 10.3 de la LAU, que tiene preferencia, y la excluye si ambas partes acuerdan una renovación o un nuevo contrato con una renta al menos un cinco por ciento inferior.
La resolución de derogación señala expresamente que quedan sin efecto la relación del Real Decreto-ley 28 con esa disposición final quinta del 29 y la modificación que el 28 daba al artículo 10 de la LAU. Esa anotación no equivale a derogar todo el Real Decreto-ley 29 ni a eliminar su prórroga extraordinaria original. La convalidación separada del 29 confirma que su marco continúa vigente, con las condiciones que contiene ese texto.
Qué se puede concluir sobre un contrato concreto
La consecuencia general confirmada es acotada: las nuevas prórrogas largas y la indemnización del Real Decreto-ley 28 no se convirtieron en el régimen aplicable desde el 15 de noviembre. La resolución publicada no decide la situación de cada contrato ni resuelve qué efecto tiene una comunicación enviada en una fecha determinada. Tampoco declara que los contratos deban terminar o prorrogarse automáticamente.
Para valorar un vencimiento o un aviso concreto hay que identificar la fecha del contrato, la fase de prórroga en que se encuentra, las comunicaciones realizadas y la norma que sí estaba vigente en cada momento. El Real Decreto-ley 28 incluía una regla transitoria para contratos vigentes, referida a vencimientos posteriores a su entrada en vigor. También decía que ciertos avisos válidos enviados antes de su publicación conservarían su eficacia sin generar la indemnización prevista en esa norma. Esas previsiones formaban parte de un texto cuya entrada en vigor se fijó para el 15 de noviembre, fecha a la que no llegó.
El propio Real Decreto-ley 29 establece requisitos y excepciones para sus medidas, de modo que la convalidación tampoco transforma todas sus prórrogas en una extensión general. La lectura conjunta de las dos resoluciones, del artículo 10 de la LAU y de las disposiciones del decreto-ley 29 permite distinguir qué cambio quedó descartado y qué reglas siguen sujetas a sus condiciones.
Fuentes
- Resolución de derogación del RDL 28/2026, BOE
- Real Decreto-ley 28/2026, BOE
- Real Decreto-ley 29/2026, BOE
- Ley de Arrendamientos Urbanos, versión de 7 de octubre de 2026, BOE
- Sesión de la Diputación Permanente del Congreso del 12 de noviembre de 2026
- Resolución de convalidación del RDL 29/2026, BOE
- Iberley, análisis de la derogación y convalidación de los decretos de vivienda