El nuevo convenio entre el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) y la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo (Fundae), publicado este 7 de septiembre en el Boletín Oficial del Estado, actualiza el marco de colaboración técnica que sostiene buena parte de la formación profesional para el empleo de ámbito estatal.

El acuerdo no crea por sí solo una convocatoria de cursos ni concede una ayuda directa a cada trabajador. Su función es ordenar cómo Fundae asistirá al SEPE en la planificación, gestión, seguimiento, evaluación y difusión del sistema. También incorpora expresamente actuaciones ligadas a la transformación digital, a las pequeñas empresas, al trabajo autónomo, a la economía social y a los programas financiados con fondos europeos.

El convenio resulta eficaz desde su firma y tiene una vigencia inicial de cuatro años. Las partes podrán prorrogarlo de mutuo acuerdo, pero la duración total, incluidas las ampliaciones, no podrá superar seis años. Sustituye y actualiza una relación institucional que ya había quedado articulada en convenios anteriores.

Qué papel conserva cada entidad

El SEPE mantiene sus competencias públicas en materia de políticas activas y formación para el empleo. Fundae actúa como entidad colaboradora y de apoyo técnico. El texto establece una frontera relevante: la colaboración de la Fundación no puede implicar el ejercicio de potestades administrativas.

Esa separación evita confundir la ayuda técnica con la decisión pública. El SEPE puede encargar estudios, análisis, apoyo en la gestión, sistemas de información o labores de seguimiento, pero las resoluciones administrativas corresponden al organismo competente. Fundae aporta infraestructura, conocimiento sectorial y capacidad operativa dentro de los límites del convenio.

La colaboración abarca la planificación y programación de las iniciativas formativas, el registro y la custodia de documentación, el seguimiento de la ejecución y la preparación de informes. Incluye también servicios web que permitan automatizar intercambios de datos, una pieza importante para reducir trámites repetidos y mejorar la trazabilidad de los expedientes.

Evaluar la calidad y el impacto

Uno de los ejes del acuerdo es la evaluación. Fundae asistirá al SEPE en la elaboración del plan anual para medir calidad, impacto, eficacia y eficiencia de la formación. El trabajo deberá alimentar el sistema de indicadores e incorporar los resultados de las acciones programadas por las empresas para sus plantillas.

El convenio no limita la evaluación a contar participantes o cursos. Prevé informes sobre idoneidad, satisfacción de usuarios, adecuación a las necesidades del entorno y efectos de las iniciativas. Esa información puede servir para corregir programas que no alcanzan sus objetivos y reforzar los que muestran mejores resultados.

También se establece una cooperación estadística. Las partes crearán y mantendrán un sistema normalizado de información sobre la formación profesional para el empleo, con datos transversales y sectoriales. La intención es disponer de información actualizada y armonizada en todo el territorio, incluyendo tanto la formación financiada dentro del sistema como la que realizan empresas con recursos propios y administraciones para sus empleados.

Pymes, autónomos y competencias digitales

El texto reserva una atención específica a las pequeñas y medianas empresas. Fundae deberá promover su participación en el sistema, además de extender la formación entre trabajadores autónomos y entidades de la economía social. Esta prioridad responde a una dificultad conocida: las organizaciones pequeñas suelen tener menos recursos para detectar necesidades, planificar cursos y gestionar bonificaciones o convocatorias.

La transformación digital aparece en varias cláusulas. El convenio permite impulsar cursos, guías para mejorar la presencia en internet, seminarios en línea, mentoría, acompañamiento a empresas y herramientas de digitalización. También contempla acuerdos que acerquen formación de calidad en competencias digitales a trabajadores y compañías.

Esa orientación ya tiene ejemplos en los recursos que ofrecen Fundae y el SEPE, como plataformas gratuitas y programas de certificación desarrollados con entidades colaboradoras. El nuevo convenio proporciona el marco general para continuar y ordenar esas líneas, pero cada programa concreto deberá respetar sus propias bases, requisitos y disponibilidad. La publicación del acuerdo no significa que todas las personas puedan acceder automáticamente a cualquier curso o beca.

Ámbito rural y carpeta formativa

Otra novedad destacada es la colaboración en programas de formación vinculados al Programa de Fomento de Empleo Agrario, con especial atención a la participación de las mujeres del medio rural. El alcance estatal del convenio permite conectar esa prioridad con necesidades territoriales muy distintas, desde actividades agrarias hasta procesos de digitalización y diversificación productiva.

Fundae también apoyará la integración de los datos formativos en el expediente laboral personalizado y en una carpeta individualizada que reúna la actividad de cada persona trabajadora. El objetivo es que la información sobre cursos y competencias no quede dispersa entre plataformas y convocatorias.

El intercambio de datos deberá limitarse a lo estrictamente necesario. El convenio identifica al SEPE como responsable del tratamiento y a Fundae como encargada, y remite al Reglamento General de Protección de Datos y a la legislación española. Esa obligación será especialmente relevante si la carpeta formativa conecta información procedente de distintos programas.

Financiación y control

Los gastos de Fundae derivados del acuerdo se cubrirán con la transferencia prevista en el presupuesto del SEPE para funcionamiento e inversión, de acuerdo con la ley presupuestaria de cada ejercicio. El documento no fija en esta publicación una cifra global cerrada para los cuatro años; establece el mecanismo de financiación y justificación.

El SEPE librará los fondos por cuartas partes durante la segunda quincena de cada trimestre. Fundae deberá presentar antes del 30 de abril del año siguiente la justificación contable de los gastos y reintegrar antes del 31 de julio las cantidades no justificadas. Además, quedará sometida a comprobaciones nacionales y comunitarias cuando gestione fondos sujetos a esos controles.

Una comisión de seguimiento de ocho miembros, cuatro por cada parte, deberá reunirse al menos una vez por trimestre. Podrá crear grupos de trabajo, resolver incidencias técnicas y proponer ajustes para mantener el convenio adaptado a la legislación.

Para empresas y trabajadores, el efecto no será una nueva ventanilla inmediata, sino una estructura más clara detrás de los servicios existentes y futuros. El valor del convenio se medirá en la calidad de los programas, la facilidad de acceso, la fiabilidad de los datos y la capacidad de traducir los cambios tecnológicos y productivos en formación útil.