El déficit conjunto de la Administración Central, las comunidades autónomas y los Fondos de la Seguridad Social cerró el primer semestre de 2026 en 33.668 millones de euros, el 1,89 % del producto interior bruto. La proporción apenas cambia frente al 1,88 % registrado un año antes, aunque detrás de esa estabilidad conviven evoluciones distintas: las autonomías amplían su saldo negativo y la Seguridad Social refuerza con claridad su superávit.
Los datos, publicados por el Ministerio de Hacienda el 11 de septiembre, excluyen a las entidades locales y están expresados en términos de contabilidad nacional. Esa precisión resulta importante para leer correctamente las cifras: el balance consolidado de junio no es directamente comparable con el déficit del Estado a finales de julio, que se sitúa en el 2,50 % del PIB y alcanza 44.539 millones de euros.
Una décima casi inmóvil, con componentes que sí se mueven
La Administración Central acumuló hasta junio un déficit de 22.531 millones, equivalente al 1,27 % del PIB. De esa cantidad, 22.090 millones corresponden al Estado y 441 millones a los organismos de la Administración Central. Las comunidades autónomas registraron un déficit de 17.287 millones, mientras que los Fondos de la Seguridad Social aportaron un superávit de 6.150 millones.
La suma de esos componentes reproduce el saldo consolidado: 22.531 millones de déficit central, más 17.287 millones de déficit autonómico y menos 6.150 millones de superávit social dan los 33.668 millones publicados por Hacienda. El desglose permite evitar una lectura demasiado simple de la aparente estabilidad de la ratio general.
En las autonomías, el déficit pasó de 15.588 millones en junio de 2025 a 17.287 millones un año después, un aumento absoluto del 10,9 %. Los gastos no financieros crecieron un 8,1 %, hasta 139.307 millones, ligeramente por encima del 7,8 % de los ingresos, que llegaron a 122.020 millones. La diferencia entre ambos ritmos ayuda a explicar el avance del saldo negativo regional hasta el 0,97 % del PIB, frente al 0,92 % de un año antes.
Dentro del gasto autonómico, la remuneración de asalariados aumentó un 7,9 %, hasta 57.979 millones. Los consumos intermedios subieron un 5,7 %, hasta 23.702 millones, y la inversión alcanzó 10.951 millones, un 7,2 % más. Hacienda también cifra en 20.177 millones las transferencias sociales en especie, donde figuran el gasto farmacéutico, los conciertos sanitarios y los educativos.
El colchón de la Seguridad Social
El superávit de los Fondos de la Seguridad Social aumentó un 66,5 %, desde 3.693 millones en junio de 2025 hasta 6.150 millones en junio de 2026. En relación con el PIB, la capacidad de financiación avanzó del 0,22 % al 0,35 %.
Ese resultado se apoya en unos ingresos no financieros que crecieron un 8,1 %, hasta 146.070 millones, por encima del incremento del 6,4 % de los empleos, que se situaron en 139.920 millones. Las cotizaciones sociales aportaron 112.151 millones, el 76,8 % de los recursos, con un crecimiento interanual del 7,2 %.
Dentro de los Fondos, el Sistema de Seguridad Social obtuvo un superávit de 3.137 millones, frente a 1.273 millones un año antes. El Servicio Público de Empleo Estatal registró otros 3.100 millones de superávit, un 37,4 % más, mientras que el FOGASA presentó un déficit de 87 millones después de haber cerrado el mismo periodo de 2025 con 163 millones positivos.
El avance de las cotizaciones convive con un aumento del gasto en prestaciones. Las pensiones contributivas y no contributivas sumaron 103.481 millones hasta junio, un 6,5 % más. La pensión media se situó en 1.371,35 euros mensuales, con un crecimiento del 4,6 %, mientras la afiliación media a la Seguridad Social aumentó un 2,8 % interanual.
Julio eleva ingresos y gastos del Estado
La fotografía más reciente del Estado, ya a cierre de julio, muestra recursos no financieros por 187.959 millones, un 11 % más que un año antes, y empleos no financieros por 232.498 millones, con un avance del 11,5 %. El déficit primario —antes de intereses— fue de 21.586 millones, equivalente al 1,21 % del PIB.
Los impuestos aportaron 151.354 millones, el 80,5 % de los recursos del Estado. Los impuestos corrientes sobre renta y patrimonio crecieron un 17,9 %, hasta 67.482 millones. De ellos, 46.652 millones correspondieron al IRPF, 16.561 millones al impuesto sobre sociedades y 3.620 millones al impuesto sobre la renta de no residentes.
El IVA contabilizó 64.918 millones en términos de contabilidad nacional, un 5,9 % más. Al mismo tiempo, varios tributos energéticos reflejaron las rebajas extraordinarias aplicadas durante parte del año: el impuesto especial sobre hidrocarburos descendió un 5,9 % y el impuesto especial sobre la electricidad cayó un 25,4 %.
En el lado del gasto, las transferencias entre administraciones sumaron 144.893 millones y representaron el 62,3 % del total. Los intereses alcanzaron 22.953 millones, un 13,9 % más. Hacienda subraya además que los datos de julio incorporan la liquidación definitiva de 2024 del sistema de financiación autonómica y local, con un saldo neto conjunto de 14.335 millones a favor de esas administraciones.
Qué significa la publicación
El dato agregado transmite continuidad: el déficit semestral apenas varía una centésima de PIB. Sin embargo, el detalle revela que esa estabilidad nace de movimientos contrapuestos, con mayor déficit autonómico y un superávit social más amplio. También aconseja separar los cortes temporales: junio para el conjunto consolidado y julio para el Estado.
La próxima lectura deberá confirmar si el crecimiento de los recursos mantiene el ritmo suficiente para absorber unos gastos que también avanzan a doble dígito. Por ahora, la ejecución publicada ofrece una referencia homogénea para seguir la evolución de las distintas administraciones sin confundir sus calendarios ni sus perímetros contables.
