El Gobierno ha entrado en la fase de revisión del proyecto de real decreto que pretende fijar las condiciones energéticas, ambientales y de soberanía digital para los centros de datos en España. La propuesta fue sometida a audiencia pública urgente por los ministerios para la Transición Ecológica, Economía y Transformación Digital, y recibió observaciones de empresas, administraciones y organizaciones sectoriales antes de que terminara el plazo.

Según informó El País este 10 de septiembre, el Ejecutivo se abre a ajustar parte de las exigencias del borrador después de analizar las alegaciones, siempre que el cambio no traslade costes a la factura eléctrica ni comprometa la red. La revisión no equivale a una norma aprobada ni garantiza que desaparezcan los requisitos más discutidos. El texto final todavía debe cerrar un equilibrio entre atraer inversión, ampliar la capacidad digital y evitar que instalaciones de enorme consumo desplacen costes hacia hogares y otras industrias.

El requisito que concentra el debate

La propuesta inicial obliga a respaldar con generación renovable el 80 % del consumo total de los centros de datos afectados. El cumplimiento se plantea mediante autoconsumo o contratos de compra de energía renovable a largo plazo con instalaciones situadas en España. Además, el borrador incorpora una correlación horaria: la energía contratada debe corresponder a la misma hora en la que se produce el consumo, en lugar de compensarse únicamente con un balance anual.

El objetivo es que el crecimiento de estas infraestructuras vaya acompañado de nueva capacidad renovable y no se limite a adquirir garantías de origen sobre generación ya existente. La lógica regulatoria es la adicionalidad: si un centro de datos demanda electricidad de manera constante, su entrada no debería reducir la energía limpia disponible para el resto de consumidores ni aumentar la necesidad de generación más cara o contaminante.

Ese diseño plantea una dificultad técnica. Los centros de datos operan durante las veinticuatro horas, mientras la producción solar y eólica varía. Cumplir una correlación horaria elevada exige combinar contratos con tecnologías distintas, almacenamiento, gestión flexible de la demanda o capacidad de respaldo. Las empresas sostienen que una obligación demasiado rígida puede retrasar proyectos; el Gobierno trata de evitar que una flexibilización abra la puerta a consumos intensivos sin nueva generación asociada.

Consumo eléctrico, agua y calor residual

La regulación no se limita al origen de la electricidad. El MITECO explica que el proyecto transpone obligaciones europeas relacionadas con la eficiencia energética, la huella hídrica y la flexibilidad de la demanda. Los operadores deberán remitir indicadores que permitan comparar el rendimiento de sus instalaciones y conocer mejor su impacto sobre el sistema.

Los centros con una potencia instalada superior a 500 kilovatios tendrán que comunicar anualmente información de eficiencia energética y sostenibilidad para su publicación. Los que superen un megavatio deberán detallar además cómo aplican las mejores prácticas del código europeo de conducta sobre eficiencia energética. Estos umbrales permiten que la supervisión sea proporcional al tamaño, aunque el efecto acumulado de instalaciones más pequeñas también deberá vigilarse.

El uso del agua es especialmente sensible en territorios sometidos a sequías recurrentes. La refrigeración puede consumir cantidades importantes, dependiendo de la tecnología y del clima. El borrador pretende establecer referencias de eficiencia hídrica y fomentar sistemas que reduzcan la demanda. También impulsa el aprovechamiento del calor residual, una posibilidad útil para redes de calefacción, procesos industriales o equipamientos próximos cuando la ubicación y la temperatura lo permiten.

Publicar los indicadores no sustituye una autorización ambiental o energética, pero mejora la transparencia. Administraciones y ciudadanía podrán comparar la demanda de electricidad y agua, la reutilización de calor o la capacidad de ajustar el consumo. Sin datos homogéneos, el debate queda atrapado entre previsiones de inversión y estimaciones generales de impacto.

Por qué preocupa la factura eléctrica

El crecimiento de la inteligencia artificial y de los servicios en la nube ha acelerado la demanda de grandes instalaciones. España resulta atractiva por su despliegue renovable, las conexiones internacionales de fibra y la disponibilidad de suelo en varias regiones. El sector calcula inversiones de decenas de miles de millones de euros hasta 2030, con proyectos que compiten por acceso a la red y suministro estable.

La inversión, sin embargo, no elimina los costes del sistema. Una nueva demanda concentrada puede exigir subestaciones, líneas, refuerzos y generación adicional. Si esos gastos se socializan mediante peajes o cargos, terminan influyendo en la factura de otros consumidores. Por eso el Ejecutivo condiciona cualquier suavización a que los proyectos asuman su impacto y no deterioren la competitividad de actividades existentes.

El debate se parece al que ya afrontan otros países con alta concentración de centros de datos. La cuestión no es aceptar o rechazar estas infraestructuras, sino decidir cuántas pueden integrarse, dónde y bajo qué condiciones. Una regulación previsible puede ayudar a seleccionar proyectos con mejor eficiencia y capacidad de aportar flexibilidad, mientras una norma cambiante o técnicamente imposible puede paralizar inversiones sin reducir el consumo global.

Soberanía digital y resiliencia

El proyecto incorpora además requisitos de resiliencia y soberanía digital. Los centros de datos sostienen servicios esenciales para empresas, administraciones y ciudadanos. Una interrupción eléctrica, una avería de refrigeración o una dependencia excesiva de proveedores externos puede tener consecuencias económicas amplias. La norma busca que los operadores identifiquen riesgos y mantengan planes de continuidad.

La soberanía digital no implica que todos los equipos o servicios sean de origen nacional. Se refiere a la capacidad de conocer dónde se alojan los datos, qué jurisdicción se aplica, cómo se garantizan la seguridad y la continuidad y hasta qué punto existen alternativas. Estos aspectos deberán concretarse con cuidado para no confundir protección con cierre del mercado.

Qué puede cambiar tras las alegaciones

La fase actual permite modificar porcentajes, plazos, métodos de cálculo o excepciones, pero cualquier cambio debería conservar objetivos medibles. Si se rebaja la correlación horaria, por ejemplo, el texto final tendría que explicar cómo se acredita que la energía renovable es adicional. Si se amplían periodos transitorios, convendría diferenciar entre instalaciones existentes y proyectos nuevos.

También será importante coordinar la norma con la planificación eléctrica y con los permisos autonómicos y municipales. Un centro puede cumplir requisitos ambientales y, aun así, no disponer de capacidad de conexión. A la inversa, obtener acceso a la red no debería garantizar automáticamente una autorización si el consumo de agua o el impacto territorial resultan desproporcionados.

El resultado de la revisión marcará el modelo español para una infraestructura clave. La decisión no enfrenta digitalización y sostenibilidad como opciones incompatibles. Obliga a convertir ambas en condiciones simultáneas: más capacidad de computación, pero con energía adicional, transparencia sobre agua y electricidad, protección de los consumidores y reglas que permitan anticipar costes.