Las protestas por la vivienda convocadas para el sábado 3 de octubre llevaron sus demandas a más de 50 localidades españolas, después de que el Congreso derogara dos reales decretos ley sobre vivienda y alquiler. Las marchas reclamaron respuestas a la subida de los alquileres y situaron una posible huelga general como siguiente paso de la movilización, aunque sus organizadores no habían anunciado una fecha para convocarla.
La protesta tuvo una dimensión estatal, con concentraciones en ciudades como Madrid, Bilbao, Sevilla, València, Santander, Las Palmas de Gran Canaria y Cádiz. El calendario de actos se extendía durante el fin de semana. Por eso, la cifra de localidades convocadas no significa que todas celebraran su marcha el mismo sábado. En Barcelona y L'Hospitalet, las organizaciones suspendieron las manifestaciones previstas por las lluvias y anunciaron el cambio de fecha de la marcha barcelonesa al lunes 5 de octubre.
Dos votaciones que cambiaron el contexto de las marchas
El Congreso derogó el viernes 2 de octubre el Real Decreto-ley 26/2026, sobre medidas para proteger la función social de la vivienda y ampliar la oferta asequible. También derogó el Real Decreto-ley 27/2026, que abordaba la estabilidad de los contratos de arrendamiento de vivienda habitual. La Cámara publicó ambos acuerdos en el Boletín Oficial del Estado ese mismo día.
Las dos normas se votaron por separado y trataban asuntos distintos. La primera reunía medidas de vivienda de alcance más amplio. La segunda se centraba en las condiciones de continuidad de los alquileres de vivienda habitual. El resultado parlamentario fue la derogación de ambos textos, no la aprobación de un paquete alternativo. Las marchas del día siguiente reclamaron que las administraciones retomen medidas para afrontar el coste de la vivienda.
La protesta estaba convocada antes de la votación, pero el rechazo de los decretos le dio un motivo inmediato. Las organizaciones vincularon sus demandas con la decisión parlamentaria y pidieron que la vivienda vuelva a ocupar la agenda política. La secuencia también explica por qué las consignas sobre una huelga general aparecieron en las marchas: los convocantes presentaron la movilización en la calle como una forma de mantener la presión tras la derrota de las normas.
El alquiler y la continuidad de los contratos, entre las demandas
Entre las propuestas defendidas por el Sindicato de Inquilinas figuraban una rebaja a la mitad de los alquileres, contratos indefinidos y la expropiación de viviendas en manos de fondos que el sindicato califica de buitre. Son reivindicaciones de los convocantes, no medidas aprobadas por el Congreso ni reglas vigentes para los contratos por efecto de la protesta.
La distinción importa para quienes alquilan una vivienda. Las manifestaciones expresan una demanda política, pero no modifican por sí mismas la renta, la duración del contrato ni los derechos de inquilinos y propietarios. Cualquier cambio de esas condiciones depende de una norma aprobada y publicada. En este caso, los dos decretos que podían alterar el marco inmediato fueron derogados el 2 de octubre.
En Madrid, cuatro columnas que partieron de distintos puntos de la capital confluyeron en Cibeles. Europa Press y EFE describieron una marcha multitudinaria, aunque las estimaciones difundidas por la Delegación del Gobierno y por el Sindicato de Inquilinas fueron muy distintas. Al proceder de actores diferentes y no constituir un recuento común, no hay una cifra única que pueda presentarse como asistencia acordada.
La huelga general sigue en fase de preparación
La convocatoria de una huelga general apareció como objetivo de las protestas, pero al cierre de la jornada no tenía fecha. La portavoz del Sindicato de Inquilinas de Madrid explicó que empezaban las conversaciones para prepararla y que aún estaban pendientes acuerdos con sindicatos laborales. Comisiones Obreras y la Unión General de Trabajadores habían respaldado las manifestaciones y animado a la ciudadanía a participar, según la información difundida antes de las marchas.
Ese apoyo a las protestas no equivale a una convocatoria conjunta de huelga. Para que exista una fecha y un llamamiento formal, las organizaciones tendrían que cerrar la preparación y comunicar sus condiciones. Hasta entonces, la huelga funciona como horizonte de la campaña, no como un paro anunciado al que trabajadores o empresas deban acudir.
La movilización deja dos planos abiertos. En la calle, los colectivos quieren mantener la presión con actos en decenas de municipios y preparar una respuesta laboral coordinada. En el Congreso, los decretos derogados ya no aportan las medidas que contenían, y cualquier nueva regulación necesitará otro trámite parlamentario. Para los hogares, la diferencia inmediata es entre las propuestas de los manifestantes y las reglas que finalmente aprueben las instituciones.
