El Partido Popular propone reformar la ley electoral para que quienes tuvieron que abandonar Euskadi y Navarra por la violencia de ETA puedan votar en el municipio donde estuvieron empadronados. La iniciativa, incluida como medida 132 de su programa para las elecciones generales del 29 de noviembre de 2026, sigue siendo un compromiso político. No hay una norma aprobada ni un procedimiento publicado, por lo que no modifica las reglas de esos comicios.

A quién se dirige la medida

El programa alude a quienes tuvieron que dejar su localidad por el terrorismo de ETA y plantea que puedan volver a votar en el municipio donde residían. La propuesta menciona Euskadi y Navarra, pero no establece qué periodos abarcaría ni cómo se acreditaría que una persona se marchó por amenazas o violencia. Tampoco identifica qué administración revisaría cada solicitud.

La etiqueta de "ley de nietos vasca" no define por sí sola quién tendría derecho. El compromiso descrito se refiere a las personas que abandonaron esos territorios. No aclara si incluiría a hijos o nietos, ni cuánto tiempo tendría que haber vivido o estado empadronada una persona en el municipio. Sin un texto articulado, esos límites siguen abiertos.

Qué establece el censo electoral

La Ley Orgánica del Régimen Electoral General asigna a cada elector una sección y prohíbe votar más de una vez en una misma elección. Para las generales del 29 de noviembre de 2026, pertenecer a un municipio vasco o navarro no da por sí solo derecho a votar allí: la persona debe figurar en el censo de esa convocatoria. Para el Congreso y el Senado, las provincias son las circunscripciones.

Una eventual reforma tendría que explicar cómo se coordinaría el municipio de origen con la inscripción electoral vigente para las generales del 29 de noviembre de 2026 y cómo evitaría duplicidades. También debería precisar a qué elecciones se aplicaría. La propuesta difundida se ha relacionado con comicios autonómicos, municipales y a las diputaciones, pero el programa no detalla el alcance ni aclara si habría otros supuestos.

El diseño tendría que distinguir entre el municipio donde una persona emitiría su voto y la circunscripción a la que se atribuiría. También debería establecer cómo se coordinaría esa posibilidad con la inscripción vigente, también para los electores que viven en otra provincia o fuera de España el 29 de noviembre de 2026. Sin reglas para esos casos, no se puede saber qué papeletas afectaría la reforma ni cómo se aplicaría sin duplicar derechos electorales.

Por qué no cambia las generales del 29 de noviembre de 2026

El Real Decreto 806/2026 convocó las elecciones al Congreso y al Senado para el domingo 29 de noviembre de 2026 y estableció que se rigen por la ley electoral vigente. La convocatoria se publicó el 6 de octubre de 2026. Según la regla de cierre censal de la LOREG, el censo de esta elección quedó fijado el 1 de agosto.

En la revisión del censo para las generales del 29 de noviembre de 2026, la LOREG prevé consultar las listas y reclamar inclusiones o datos incorrectos. Sin embargo, dispone que los cambios de residencia entre circunscripciones posteriores al cierre censal del 1 de agosto de 2026 no cuenten para esa elección. En esos casos, el elector debe votar en la sección de su domicilio anterior. Ese trámite corrige el censo vigente, pero no crea un derecho nuevo por una residencia antigua ni por el motivo por el que alguien se marchó.

Por tanto, el anuncio del PP no devuelve a nadie una inscripción en su antiguo municipio para votar en las generales del 29 de noviembre de 2026. En esta convocatoria se mantiene el censo cerrado el 1 de agosto de 2026 y la circunscripción que corresponde a cada elector. La propuesta no altera las papeletas ni traslada votantes entre provincias para esa fecha.

Qué falta para aplicar la propuesta

Para convertir el compromiso en una norma, el PP tendría que definir quién podría solicitar el cambio, qué pruebas servirían y qué organismo resolvería las solicitudes. También tendría que fijar los municipios y las elecciones afectadas, además de establecer cómo se revisarían las denegaciones y cómo se impedirían inscripciones incompatibles.

La iniciativa plantea una cuestión de reparación política para quienes abandonaron su localidad bajo la amenaza terrorista, pero deja sin definir quién podría acogerse y cómo funcionaría el voto. Al 16 de noviembre de 2026, su efecto concreto es formar parte del programa electoral del PP. Para las generales del 29 de noviembre de 2026 sigue vigente el censo cerrado el 1 de agosto de 2026.