El Gobierno llega a la última semana de septiembre sin haber presentado al Congreso un proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2027. Hacienda ha avanzado en los trámites técnicos y el Consejo de Ministros aprobó en julio el límite de gasto no financiero, pero la negociación política sigue pendiente de acuerdos que permitan convertir ese marco en unas cuentas completas. Si el proyecto no llega antes de que acabe el mes, el Ejecutivo incumplirá el calendario ordinario previsto en la Constitución, aunque el Estado seguirá funcionando con los presupuestos prorrogados.

El techo de gasto fija un marco, no distribuye el presupuesto

El Consejo de Ministros aprobó el 7 de julio un límite de gasto no financiero de 226.032 millones de euros para 2027, un 6,6 % superior al techo nacional fijado para 2026. Esa cantidad sirve como referencia para preparar el anteproyecto, pero no equivale a unos Presupuestos aprobados. No decide por sí sola qué partidas recibirán financiación, qué programas nuevos se incorporarán ni qué cambios fiscales acompañarán las cuentas.

La distinción importa porque el techo puede mantenerse como referencia de política fiscal incluso si el Congreso no aprueba una nueva ley presupuestaria. Para tener unas cuentas vigentes, el Gobierno debe preparar el proyecto, aprobarlo en Consejo de Ministros, remitirlo a la Cámara y conseguir una mayoría parlamentaria. Cada fase plantea decisiones distintas. El paso dado en julio permite avanzar en la elaboración, pero no resuelve las votaciones ni las negociaciones entre los grupos.

El límite nacional tampoco debe confundirse con el total que incluye fondos europeos. El Gobierno ha señalado que el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia dejará de aportar recursos a las cuentas de 2027, por lo que la comparación entre techos depende de qué componentes se tomen como base. La cifra de 226.032 millones corresponde al límite nacional comunicado por Hacienda y aprobado por el Consejo.

El calendario constitucional llega a su fecha límite

El artículo 134.3 de la Constitución establece que el Gobierno debe presentar los Presupuestos al Congreso al menos tres meses antes de que expiren los del año anterior. En el calendario ordinario, el plazo para las cuentas de 2027 termina el 30 de septiembre. El texto constitucional también prevé que, si no hay una nueva ley aprobada al comenzar el ejercicio, se prorroguen automáticamente las cuentas anteriores.

Las que siguen vigentes son las aprobadas para 2023, cuyo texto se publicó en diciembre de 2022. Hacienda mantiene una página específica con la prórroga para 2026 y explica que el material económico de ese ejercicio parte de aquellas cuentas. La prórroga evita un vacío legal: los pagos y servicios públicos no se detienen el 1 de enero por no haberse aprobado una nueva ley.

Eso no convierte ambos escenarios en equivalentes. Un presupuesto nuevo puede fijar prioridades y créditos para programas que no figuraban en la ley anterior, mientras que una prórroga mantiene como base las cuentas vigentes y requiere ajustes dentro de las reglas aplicables. Algunas políticas se pueden financiar mediante otras decisiones y modificaciones de crédito, pero esas vías no sustituyen una ley presupuestaria acordada por las Cortes.

La negociación debe concretar las prioridades anunciadas

La orden de elaboración de los Presupuestos de 2027 se publicó en el BOE el 5 de junio. El documento abrió el proceso y pidió a los centros gestores de la Administración que remitieran sus propuestas antes del 29 de junio. El presidente Pedro Sánchez había anunciado dos días antes que el Gobierno iniciaría los trámites y buscaría coordinarse con las fuerzas parlamentarias.

En julio, Hacienda presentó el techo de gasto como base del anteproyecto. En septiembre, el ministro de Hacienda, Arcadi España, y el titular de Cultura, Ernest Urtasun, mantuvieron una reunión sobre las prioridades de las cuentas. El Ministerio señaló objetivos relacionados con vivienda, jóvenes, pensiones, educación, sanidad y empleo, pero no anunció medidas detalladas ni importes por programa.

La reunión mostró que el trabajo político seguía abierto, aunque no fijó una fecha para llevar el proyecto al Consejo de Ministros. El País informó el 16 de septiembre de que el Gobierno mantenía el compromiso de aprobar las cuentas antes de acabar el año, pero todavía no tenía fecha de presentación ni los apoyos parlamentarios asegurados. Euronews señaló el día 27 que Hacienda confiaba en presentar y aprobar unas cuentas para 2027, aunque veía improbable llegar al plazo del 30 de septiembre.

Qué puede comprobarse en las próximas semanas

El siguiente dato relevante será si el Gobierno presenta el anteproyecto dentro del plazo constitucional o anuncia un calendario posterior. Después habrá que observar el texto, porque las prioridades anunciadas en reuniones y documentos de elaboración no equivalen a partidas aprobadas. La Cámara deberá debatir y votar el proyecto, y los grupos podrán proponer cambios durante la tramitación.

Para hogares, empresas y administraciones, el debate presupuestario afecta a la planificación de ayudas, inversiones y servicios, pero la mera prórroga no permite concluir que una prestación concreta vaya a desaparecer o a mantenerse sin cambios. Cada programa tiene su norma y su financiación. Conviene distinguir entre el techo de gasto, las previsiones políticas y las decisiones que finalmente recoge una ley.

España sigue, por tanto, con cuentas de 2023 prorrogadas mientras el Ejecutivo prepara el presupuesto del ejercicio siguiente. El límite de gasto y la orden publicada en junio acreditan que el proceso técnico está en marcha. La incógnita inmediata es si el Gobierno presentará el proyecto antes del 30 de septiembre y, después, si logrará reunir los votos necesarios para convertirlo en ley.