Las movilizaciones por la vivienda han pasado de la acampada en la Puerta del Sol a varias calles de Barcelona mientras el Gobierno intenta cerrar el decreto que prevé llevar al Consejo de Ministros el martes 29 de septiembre. En la capital catalana, activistas cortaron la avenida Meridiana antes de las ocho de la mañana del lunes 28 y otro grupo bloqueó la calle Còrsega. En Madrid, los acampados mantuvieron la protesta en Sol tras su segunda noche. El nuevo episodio coincide con una negociación política todavía abierta y con demandas sociales que no se limitan a la protección ante un desahucio.

Las acciones de Barcelona coincidieron con la visita de Sánchez

Los primeros cortes se produjeron en la avenida Meridiana, una de las principales entradas a Barcelona. Otro grupo cortó la calle Còrsega con la intención de extender la protesta hasta la avenida Diagonal, pero los Mossos d'Esquadra impidieron que esa acción avanzara. Las movilizaciones las impulsó el movimiento por el derecho a la vivienda y coincidieron con la presencia prevista del presidente Pedro Sánchez en la ciudad.

La protesta de Barcelona forma parte de una respuesta más amplia al desahucio de Maricarmen Abascal, de 87 años, ejecutado en Madrid el 23 de septiembre. La marcha celebrada en la capital el día 26 terminó con una acampada en la Puerta del Sol. Quienes permanecieron allí durante la noche reclamaban medidas urgentes de vivienda y anunciaron que mantendrían la presión mientras el Ejecutivo negocia el decreto. La mañana del lunes 28, la plaza seguía ocupada después de la segunda noche.

La expansión de las acciones a Barcelona hizo coincidir la protesta callejera con una jornada de actividad institucional. Sánchez tenía previstos actos en la ciudad, incluida una visita a una promoción de alquiler asequible. El Sindicato de Inquilinas de Cataluña había anunciado que aprovecharía la visita presidencial para exigir que el nuevo paquete incluya renovaciones automáticas de contratos. La concentración en torno a esa agenda forma parte de la presión social, pero no determina el contenido que acuerden los partidos.

El desacuerdo está en qué debe incluir el decreto

Las organizaciones de inquilinos han planteado un paquete amplio. Entre sus peticiones figuran medidas para evitar desahucios, cambios en la regulación de los alquileres de temporada y por habitaciones, una congelación de las rentas, prórrogas efectivas y la renovación automática de los contratos. El sindicato catalán ha defendido que esa renovación permita a los hogares permanecer en sus viviendas y no dependa de renegociar cada contrato desde cero.

Sumar comparte parte de esas demandas y ha presionado a sus socios del PSOE para que el Consejo de Ministros del 29 de septiembre incluya un decreto de alcance suficiente. La formación ha advertido de que no aceptará otro aplazamiento y que sus ministros se plantarán si la propuesta vuelve a quedarse fuera. El PSOE, por su parte, busca una fórmula que pueda aprobarse en el Consejo y que reúna apoyos después en el Congreso. El ministro Ángel Víctor Torres reconoció el lunes que las conversaciones seguirían durante toda la jornada y confió en que fructifiquen para el martes.

Junts ha ofrecido apoyar el decreto si sirve para frenar la actuación de los grandes fondos en el mercado residencial, pero ha pedido que no se incorporen medidas que considere perjudiciales para pequeños propietarios. La formación también ha defendido incentivos fiscales y medidas de suelo. Sumar y otros grupos de izquierda reclaman más garantías para inquilinos y una mayor intervención sobre los precios. Esas diferencias explican por qué la negociación sigue abierta aunque el Gobierno mantenga el martes como fecha para llevar el texto al Consejo.

La discusión no consiste únicamente en aprobar o retrasar una medida. Si el texto reúne únicamente las demandas de una parte del bloque, podría no conseguir los votos para mantenerse. Si se rebaja para sumar apoyos, los socios que exigen mayores protecciones pueden considerar insuficiente el paquete. Esa tensión se agrava por el antecedente del decreto de vivienda que decayó en el Congreso en abril, después de que la cámara no lo convalidara.

La decisión del Consejo todavía necesitará apoyos parlamentarios

El Consejo de Ministros puede aprobar un real decreto ley y ponerlo en vigor, pero su continuidad depende de que el Congreso lo convalide en el plazo previsto. Por eso, llevar el texto al Consejo el 29 de septiembre no resolvería por sí solo la negociación. Los partidos tendrían que acordar un contenido que sus diputados puedan respaldar cuando llegue la votación.

Para las personas afectadas por la duración de los contratos o por un procedimiento de desahucio, la diferencia entre las propuestas políticas y el texto final será determinante. La renovación automática, las prórrogas, las limitaciones a ciertos desalojos y las reglas sobre alquileres de temporada no son medidas intercambiables. Cada una define qué hogares quedan protegidos, durante cuánto tiempo y bajo qué condiciones. Hasta que el Ejecutivo no publique un texto cerrado, no se puede afirmar que esas peticiones vayan a convertirse en derechos efectivos.

El lunes 28 deja dos señales concretas: las protestas ya se expresan en más de una ciudad y las conversaciones entre Gobierno y grupos siguen activas a menos de un día del Consejo previsto. El paso siguiente será comprobar qué medidas entran en el decreto y qué apoyos reúne para su convalidación. La acampada de Madrid y las acciones de Barcelona elevan la atención sobre el resultado, pero no sustituyen la decisión parlamentaria que tendrá que venir después.