El Real Decreto 950/2026, publicado en el Boletín Oficial del Estado el 6 de noviembre, establece criterios nutricionales y de sostenibilidad para los alimentos y bebidas que se ofrecen en distintos centros públicos y asistenciales. La norma se aplicará desde el 6 de noviembre de 2027: su publicación no convierte estas obligaciones en exigibles desde ahora. Ese año de transición es clave para interpretar tanto los contratos públicos como los cambios en la alimentación hospitalaria, residencial y escolar.

A quién afecta el Real Decreto 950/2026

El núcleo de la norma se dirige a las administraciones, los centros públicos dependientes de ellas y el sector público institucional cuando actúan como poderes adjudicadores. Sus reglas alcanzan los contratos de servicios y suministros vinculados a la oferta de comida y bebida, incluidos los servicios de restauración y las máquinas expendedoras. En centros sanitarios y sociosanitarios públicos también se aplicarán cuando el servicio se preste con medios propios, sin contratar a una empresa.

El texto incorpora, además, determinados centros sanitarios y sociosanitarios privados que atienden a personas en situación de dependencia y con necesidades especiales. No extiende automáticamente el capítulo a cualquier cafetería, residencia o negocio privado: la condición descrita en la norma delimita ese grupo. Los servicios de restauración escolar quedan fuera de este régimen general y se rigen por el Real Decreto 315/2025, de comedores escolares, que el nuevo texto modifica en varias disposiciones.

La regulación se proyecta sobre los pliegos de contratación, la adquisición y la oferta de alimentos. Por eso, su puesta en marcha estará ligada a las condiciones de cada servicio y a los procedimientos de compra. Los expedientes iniciados antes de la fecha de entrada en vigor quedan excluidos; para identificar el inicio, la disposición transitoria atiende a la publicación de la convocatoria o, en negociados sin publicidad, a la aprobación de los pliegos.

Qué cambia en cafeterías y máquinas

En cafeterías de centros públicos que atiendan, entre otros, a personal, estudiantes universitarios, visitantes o población general, los pliegos deberán prever que al menos el 70 % de las referencias ofertadas —sin contar los menús infantiles regulados aparte— no contenga alimentos que superen los umbrales definidos para grasas saturadas, azúcares o sal añadidos. La oferta contemplará frutas y hortalizas, opciones integrales, legumbres, pescado, huevos, carnes preferentemente blancas, preparaciones vegetales y lácteos sin azúcar añadido y bajos en sal.

La norma también prevé agua de consumo gratuita como bebida principal, con una excepción cuando las condiciones del suministro lo impidan. Los pliegos deberán atender necesidades por alergias, intolerancias, motivos éticos o religiosos e incluir opciones aptas para personas con intolerancia al gluten y a la lactosa. En los establecimientos comprendidos por este artículo no podrá venderse ni suministrarse a menores de edad bebidas envasadas con un contenido añadido de cafeína superior al límite fijado en el decreto.

Para las máquinas expendedoras y otros locales comerciales dentro de los centros incluidos, el texto reserva al menos el 70 % del espacio o de la oferta a una selección de productos como agua, fruta y hortalizas, frutos secos, leche, pan integral, bocadillos con determinados ingredientes, yogures sin azúcares añadidos y platos vegetales. En las máquinas, esa selección deberá ocupar las filas centrales de mayor visibilidad. El resto, hasta el 30 %, puede incluir otros productos, con una condición nutricional mínima para parte de esa franja. En bebidas calientes automáticas, el azúcar añadido por defecto será cero y la cantidad opcional tendrá un máximo establecido.

Los menús infantiles de esas cafeterías tienen un tratamiento separado: si se ofrecen, deberán incluir alternativas con fruta y hortalizas, cereales integrales, legumbres, fuentes de proteína animal y platos exclusivamente vegetales. Esta previsión no debe confundirse con el conjunto de reglas escolares, que se incorpora mediante cambios al Real Decreto 315/2025.

Menús y atención en centros asistenciales

Para los establecimientos que sirven una comida principal, los pliegos deberán incorporar criterios de programación semanal. La oferta tendrá frutas y hortalizas a diario; al menos la mitad de los productos de cereales será integral; se ofrecerán dos raciones semanales de pescado y, como mínimo, un día con proteína exclusivamente vegetal. También se establecen máximos para frituras, platos precocinados, carne y ciertos alimentos con alto contenido en grasas saturadas, azúcares o sal añadidos. Las frecuencias se calculan sobre un ciclo ordinario de cinco comidas principales semanales y deben adaptarse cuando el servicio cubra más días o haya festivos.

En régimen residencial de pensión completa, las frecuencias se organizan por grupos de alimentos y por el conjunto de las ingestas. El texto fija referencias para hortalizas, fruta, cereales, legumbres, pescado, huevos, carnes, lácteos y frutos secos. También dispone que los tamaños de ración se ajusten a las necesidades nutricionales y que desayunos, meriendas y recenas respondan a las circunstancias clínicas, personales, éticas y religiosas. Son criterios de programación y compra de los centros incluidos, no una dieta individual que sustituya la valoración profesional.

En centros sanitarios y sociosanitarios públicos, las obligaciones van más allá del menú. Se prevén cribados nutricionales al ingreso o admisión, dentro de las primeras 24 a 48 horas, revisiones durante la estancia e indicaciones al alta. Cuando se detecte riesgo de desnutrición relacionada con la enfermedad, deberá realizarse una evaluación completa y diseñarse un plan adaptado con objetivos y seguimiento. La persona usuaria —o su representante cuando proceda— recibirá información comprensible sobre el cribado y las medidas acordadas.

Los planes individualizados deben considerar alimentación, hidratación y preferencias personales, éticas o religiosas, y quedar documentados. Al alta se facilitará una pauta dietético-nutricional y de hidratación ajustada a la situación clínica y funcional, junto con recomendaciones relevantes para la continuidad asistencial cuando corresponda. Las obligaciones sobre cribado y planes deberán aplicarse proporcionalmente al tipo de centro, duración previsible de la estancia y situación de cada persona.

El propio real decreto establece que las necesidades clínicas y funcionales pueden justificar adaptaciones. La seguridad, la adecuación nutricional y la prevención de la desnutrición prevalecen en esas decisiones, conforme a la valoración profesional y al plan individual. En cuidados paliativos avanzados o al final de la vida, las actuaciones deben ajustarse al plan asistencial y al criterio clínico, atendiendo al confort, la dignidad y la voluntad de la persona. Por tanto, los criterios generales no equivalen a imponer el mismo menú a todos los pacientes o residentes.

Cambios escolares y calendario

Aunque el servicio de comedor escolar continúa bajo el Real Decreto 315/2025, el 950/2026 modifica su ámbito y varias definiciones. El texto actualizado comprende centros públicos, concertados y privados de Infantil —primer y segundo ciclo—, Primaria, Educación Especial, ESO, Bachillerato y ciclos formativos de grado básico o medio. También precisa qué se considera alimento fresco y canal corto de distribución, y actualiza criterios sobre la composición de la oferta y el uso de aceites.

Las nuevas reglas incorporan particularidades para el primer ciclo de Infantil: alimentos no introducidos antes en el entorno familiar, medidas específicas de seguridad y composición, y promoción de la lactancia materna cuando sea posible. Los centros deberán facilitar espacios para la lactancia presencial y condiciones para recibir, conservar, manipular y administrar leche materna de forma diferida cuando adopten esas medidas. Se añaden, además, requisitos para desayunos y meriendas y una reducción del uso de envases y vajilla de plástico a lo largo del servicio.

La fecha práctica que deben retener los centros y sus proveedores es el 6 de noviembre de 2027. Hasta entonces el Real Decreto 950/2026 está publicado, pero aún no ha entrado en vigor. Desde esa fecha, las obligaciones deberán aplicarse a los nuevos procedimientos y a los servicios que entren en su ámbito, con las excepciones transitorias previstas para expedientes ya iniciados. Durante los cuatro primeros años de vigencia, la disposición transitoria fija en el 10 % el porcentaje de oferta de producción ecológica al que remite el decreto.

El cambio, por tanto, combina criterios para contratar y organizar la restauración pública con reglas específicas para la atención nutricional en centros sanitarios y sociosanitarios. Para saber qué previsión corresponde a cada servicio hay que comprobar quién lo gestiona, si se trata de una compra o contrato sujeto a la norma, el tipo de centro y las necesidades clínicas de las personas usuarias. La publicación del decreto inicia el periodo de adaptación; la aplicación efectiva queda diferida un año.