Los sistemas históricos y tradicionales de regadío ya forman parte de las manifestaciones representativas del Patrimonio Cultural Inmaterial de España. El Real Decreto 720/2026, publicado en el Boletín Oficial del Estado del 4 de septiembre, reconoce un patrimonio que no se limita a acequias, azudes o canales: protege sobre todo los conocimientos, las normas comunitarias y las técnicas transmitidas durante generaciones para administrar el agua de riego.

La declaración tiene alcance estatal porque reúne prácticas presentes en territorios con condiciones geográficas, hidrográficas y climáticas muy diferentes. Cada comunidad ha desarrollado soluciones propias, pero el Gobierno considera que comparten un núcleo cultural: formas colectivas de organizar turnos, repartir un recurso limitado, conservar saberes técnicos y transmitirlos a quienes continúan la actividad.

Qué protege exactamente la declaración

El decreto incluye los conocimientos, técnicas, prácticas, usos, normas consuetudinarias y mecanismos de transmisión ligados históricamente al aprovechamiento tradicional del agua. También reconoce las formas de organización social que permiten mantener esos sistemas y resolver su funcionamiento cotidiano.

Esa dimensión comunitaria es esencial. Las ordenanzas y los llamados libros de aguas han conservado reglas escritas, mientras otros conocimientos se han transmitido de manera oral y práctica. El patrimonio comprende así tanto la técnica de distribuir el agua como los acuerdos sociales que determinan cuándo, cómo y por quién puede utilizarse.

La protección deberá favorecer la identificación, documentación, investigación, transmisión, promoción y revitalización de estas prácticas. El reconocimiento no garantiza por sí solo que cada sistema siga activo, pero proporciona un marco cultural común para inventariar sus expresiones y apoyar su continuidad.

Lo que no cambia en acequias y derechos de agua

El propio real decreto delimita con precisión sus efectos. La declaración no protege de manera automática las infraestructuras hidráulicas como bienes materiales independientes. Una acequia, una presa de derivación, una instalación o una obra seguirá sometida a la normativa sectorial y a las figuras de protección que le correspondan en cada territorio.

Tampoco cambia la planificación hidrológica, el dominio público hidráulico, las concesiones, los derechos y obligaciones de quienes usan el agua ni las competencias de agricultura, medio ambiente o gestión territorial. Las comunidades autónomas mantienen además sus atribuciones para registrar, inventariar y proteger los bienes materiales de su patrimonio cultural.

La distinción evita interpretar el reconocimiento como una congelación de todas las infraestructuras tradicionales o como una modificación indirecta de las reglas de reparto del agua. El objeto del decreto es el patrimonio inmaterial: los saberes y prácticas culturales que sostienen el riego tradicional.

Un legado diverso y amenazado

El texto oficial subraya que estos sistemas han producido paisajes culturales y soluciones adaptadas a cada territorio. En unos casos el valor principal reside en la precisión técnica de la distribución; en otros, en las instituciones comunitarias, la terminología, las celebraciones o los modos de vida vinculados a la tierra y al agua.

El decreto también enumera riesgos para su continuidad. Entre ellos figuran la crisis económica de la agricultura tradicional, la presión urbanística, la intensificación y tecnificación agraria, la despoblación rural, la concentración de la tierra y la pérdida de conocimientos ecológicos y de gestión colectiva. La escasez hídrica añade una dificultad que obliga a revisar cómo se conserva el legado sin confundir protección cultural con regulación del recurso.

En 2023, la UNESCO incorporó el “Riego tradicional: conocimientos, técnica y organización” a su Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad mediante una candidatura de siete países europeos. La declaración española se produce dentro del marco nacional y reconoce la diversidad de sistemas que siguen presentes en la Península y los archipiélagos.

El expediente estatal se inició en septiembre de 2025, contó con informes consultivos y audiencia, y culmina ahora con efectos desde la publicación del decreto. A partir de este reconocimiento, el reto será convertir la protección formal en documentación, transmisión y relevo generacional sin invadir las competencias que regulan el agua y las infraestructuras.