La huelga general convocada para el 11 de noviembre contará con servicios mínimos específicos para el suministro eléctrico y de hidrocarburos. Las órdenes TED/1179/2026 y TED/1180/2026, publicadas en el Boletín Oficial del Estado el 7 de noviembre, regulan qué instalaciones deben seguir disponibles y qué tareas necesitan personal durante la jornada. Sus anexos muestran dos sistemas distintos: un listado territorial de estaciones de servicio y dotaciones por actividad en hidrocarburos, y plantillas asignadas empresa por empresa en electricidad.

El mínimo de gasolineras se calcula por comarca

La orden de hidrocarburos fija que un número de estaciones equivalente al 20 % de las instalaciones censadas en cada comarca preste servicio durante la huelga. Los establecimientos incluidos deberán abrir en su horario habitual. Para los postes marítimos de suministro a embarcaciones, el 20 % se calcula por comunidad autónoma. El porcentaje se refiere a instalaciones seleccionadas para mantener el abastecimiento, no a una parte uniforme de la plantilla ni a la cantidad de combustible que se venderá.

El anexo publica las estaciones seleccionadas con su municipio, dirección, rótulo y operador. Esa relación permite comprobar qué puntos tienen asignado el servicio mínimo en cada zona. Si todas las instalaciones de una comarca representan el 100 % del censo, el 20 % seleccionado deja un 80 % fuera de esa designación obligatoria. La orden no establece por ello que las estaciones no incluidas deban cerrar.

La orden también prioriza los pedidos urgentes para hospitales, bomberos, fuerzas de seguridad, ambulancias y centros estratégicos, además de las necesidades humanitarias extremas. Incluye el combustible necesario para los servicios mínimos que establezcan las autoridades competentes en transporte aéreo y puertos. En los muelles, si la descarga de un buque ha comenzado antes del paro, los turnos deben continuar hasta completar la operación. Son reglas de abastecimiento para actividades concretas, no una regulación de los horarios de trenes o autobuses.

Gas y refino: continuidad, seguridad y averías

En la red de gas natural, las empresas deben mantener las instalaciones de transporte y distribución necesarias para evitar cortes a los clientes y atender urgencias. Los criterios abarcan gasoductos, estaciones de compresión, instalaciones de regulación y medida, puntos de entrada, plantas de regasificación y almacenamientos subterráneos. También prevén equipos de retén para responder ante anomalías. La producción debe cubrir la demanda convencional de cada zona y el gas necesario para generar electricidad, junto con las exportaciones programadas.

En las refinerías de Repsol Fuels, Petróleos del Norte, Moeve y BP, el objetivo combina seguridad de las personas y las instalaciones, prevención de contaminación y continuidad de las operaciones críticas. Las unidades de proceso cuya parada pudiera perjudicar la producción más allá de la huelga deben mantenerse, al menos, a mínima carga operativa. La norma no ordena que toda la actividad de refino funcione al máximo. También exige conservar los servicios auxiliares, los planes de emergencia, el mantenimiento imprescindible y las comunicaciones internas y externas.

El transporte, almacenamiento y distribución de hidrocarburos líquidos, incluidos los gases licuados del petróleo, deben mantener las existencias operativas y de seguridad previstas en la legislación. La orden contempla las cargas, descargas y envíos necesarios para evitar desabastecimientos en la cadena logística, además del control de las instalaciones y de la red de oleoductos de Exolum. Sus anexos desglosan las plantillas necesarias por instalaciones y turnos, por lo que los servicios concretos varían según la actividad.

Electricidad: disponibilidad de centrales y plantillas distintas

La orden eléctrica parte de la disponibilidad de las centrales nucleares, los grupos hidráulicos convencionales, las instalaciones de bombeo y las centrales térmicas de carbón y gas que estén disponibles. La excepción son las unidades cuya indisponibilidad ya estuviera prevista y fuera conocida el 21 de octubre. Para los territorios no peninsulares se aplica el criterio equivalente a sus equipos generadores.

La continuidad depende también de la operación del sistema. Las centrales deben respetar inicialmente las cargas derivadas de los mercados diario e intradiarios, aunque Red Eléctrica puede modificarlas para resolver restricciones técnicas o actuar en tiempo real si hace falta para la seguridad y el suministro. La orden prevé reponer las instalaciones de transporte que estén fuera de servicio por trabajos cuando sea posible, mantener centros de control y comunicaciones y disponer de retenes y brigadas para averías y emergencias.

El anexo eléctrico no fija un porcentaje común para el conjunto de las compañías. Detalla las plantillas necesarias por empresa, instalación y puesto. En Eléctrica de Biar Distribución, por ejemplo, asigna a servicios mínimos a sus seis trabajadores, el 100 % de esa plantilla concreta. En Lersa Electricitat la proporción consignada es del 29 %. Esos porcentajes describen plantillas de empresas determinadas y no se pueden trasladar a todo el sector eléctrico.

Qué permiten concluir las órdenes

Las dos normas acotan el personal y las instalaciones que deben sostener funciones esenciales, con criterios distintos según la actividad. El dato del 20 % corresponde a estaciones de servicio y puntos marítimos seleccionados, mientras que las cifras eléctricas se calculan para empresas concretas. En hidrocarburos, las refinerías mantienen en mínima carga determinadas unidades críticas y las redes de gas siguen operativas con equipos de respuesta.

Los servicios mínimos no son una previsión del seguimiento de la huelga ni aseguran que no se produzcan incidencias. Para saber qué estación de servicio está incluida, hay que consultar el listado publicado para la zona correspondiente y su horario habitual. La orden eléctrica, a su vez, permite comprobar qué funciones y dotaciones quedan cubiertas, sin convertir sus porcentajes particulares en una garantía general sobre todas las instalaciones o el personal.